En este artículo se describen los fundamentos esenciales del proceso liberalizador que emprendió España en las dos últimas décadas en materia de telecomunicaciones. Ello se efectuó en cumplimiento de las Directivas de la Comunidad Europea, que establecieron la necesidad de alcanzar en un período razonable, la efectiva competencia en los mercados de telecomunicaciones.
Finalidad esencial de este proceso liberalizador fue la deponer término al monopolio estatal ostentado en el mercado de telefonía fija hasta esa fecha por Telefónica de España S.A. Una vez terminado ese monopolio, e incentivada la entrada de nuevos operadores al mercado, se podría alcanzar el objetivo deseado de ofrecer mayores y más competitivas alternativas a los usuarios, a ¡os precios más bajos posibles.
Para el proceso de transición desde el monopolio estatal hacia la efectiva competencia en el mercado de la telefonía fija, la legislación española previó una regulación especial de la empresa dominante, destinada precisamente a facilitar la entrada y mantenimiento de nuevos operadores en el mercado. Esto es lo que se ha llamado “regulación asimétrica".
Entre las normas comtempladas para estos efectos, se encuentra la de fijación de los precios a público de la empresa dominante.
La necesidad de fijar estos precios no se origina en la aplicación de simples modelos teóricos, sino que responde a la constatación efectiva hecha por los órganos españoles de defensa de la competencia respecto de las conductas abusivas en las que ha incurrido Telefónica de España hasta la fecha en perjuicio de sus competidores y usuarios. Entre estas conductas, encontramos descriminación de precios, subsidios cruzados, retardo de las interconexiones, imposición de contratos atados, etc.
Se concluye que, una vez que se alcance la finalidad de contar con mercados de telecomunicaciones eficazmente, se pondrá término a la necesidad de regular las tarifas de la empresa dominante, y se reprimirán las conductas abusivas por medio de las reglas generales de defensa de la competencia. Sin embargo, mientras ello así no ocurra, la existencia y adecuada aplicación de la regulación tarifaria respecto de la empresa dominante aparece como una necesidad esencial para el desarrollo de la competencia en el mercado de la telefonía básica.