doi 10.4067/S0718-83582012000200001

Editorial

La existencia de una “aldea global” interconectada no sólo en sus medios de comunicación sino también en sus lógicas económicas, tiene todo tipo de consecuencias. Es el caso de la crisis económica europea y su impacto en el resto de las economías mundiales en cuanto al aumento de nuevos, distintos y complejos escenarios de riesgos, vulnerabilidades e incertidumbres asociados además, a críticas coyunturas económicas y fiscales. Los flujos de capital se reducen y contraen drásticamente y las economías regionales se han desacelerado temiéndose una posible recesión, también global. Se estima que un 38 % de los países en desarrollo ya tenían un déficit público de 4% o más del PIB en 2011, lo que los situaba ad portas de procesos críticos.¹

A su vez, aludiendo a datos del Banco Mundial, hace ya dos años, aproximadamente unas 44 millones de personas habían sido llevadas bajo el umbral de pobreza por el incremento de los precios de los alimentos. En África, por ejemplo, la pérdida de cosechas y el hambre amenazaba el sustento de más de 13 millones personas.

Si bien América Latina y el Caribe, en cierta medida, son menos dependientes de Europa –la que representa aproximadamente el 18% de sus exportaciones–, el hecho no los libra de contracciones en sus economías ante la disminución del poder adquisitivo de los mercados europeos, incluso de China, que también tiene sus propios problemas como consecuencia de su crecimiento.

Estudios económicos, en un plano más doméstico, estiman que indicadores tales como nivel educativo, género del jefe de hogar y porcentaje de niños viviendo dentro de él, hacen que un hogar pueda ser más o menos vulnerable y que la presencia de trasferencias no contribuiría a reducir la vulnerabilidad de aquellos, a menos que éstas provengan del extranjero²

Para los habitantes pobres de América Latina y el Caribe, sin duda que los acontecimientos señalados afectarán el envío de remesas de emigrantes latinos ubicados en aquellos países, y otros trabajando en Estados Unidos. Es el caso de un conjunto de naciones que dependen significativamente de ese tipo de ayudas externas, tales como El Salvador, Jamaica, Honduras, Guyana, Nicaragua, Haití Guatemala y algunos países sudamericanos. Es sabido que miles de familias latinoamericanas con mucho esfuerzo a lo largo de décadas, han ido construyendo su hábitat mediante el envío de tales remesas, reemplazando recursos que saben –y porque lo supieron sus generaciones pasadas– no se los va a entregar el Estado porque nunca lo hizo o simplemente porque observó desde fuera que las políticas públicas no llegaban a ellos.

Las investigaciones en pobreza demuestran que la vivienda, dentro de los activos de los grupos en pobreza, es uno de los componentes más importantes del capital físico, aunque aquel por sí solo no es tan significativo para salir de esa condición³. Sin embargo, el tener un techo y la seguridad que éste brinda es una de las primeras prioridades y la más importante para los residentes en su lucha permanente por mejorar sus condiciones de vida en vista que las políticas públicas, en la generalidad de los casos, no son eficaces ni eficientes en sus propósitos.

La pobreza transitoria en los países en desarrollo –aunque la nueva crisis mundial, que se suma a la del 2008, la tiende a dejar estacionaria–, también se produce y profundiza cuando los habitantes no encuentran protección alguna contra los elementos estocásticos del entorno económico; es decir, es un tipo de pobreza vinculada al riesgo de la coyuntura que se suma al histórico que han vivido por décadas. Además, hoy los países tienen menos espacio fiscal disponible de lo que tenían en el inicio de la crisis 2008-2009.

¿Qué hacer? ¿Pedirles más capacidad de resiliencia a los habitantes y sus comunidades? ¿Más de la que siempre han tenido? Tal coyuntura reclama la oportunidad que las políticas públicas se orienten a enfoques pluralistas y anti-sinópticos, apelando más bien a la racionalidad social que a la económica solamente, con valor público, siempre y cuando este valor sea menor que el costo alternativo que si se hubiese creado en el ámbito privado⁴. No obstante, los diseñadores y gestores de políticas públicas insisten en seguir el otro camino.

Otro subconjunto de factores estratégicos en políticas públicas y su expresión en el territorio que se mantiene incólume, sin cambios, más bien por el contrario, exacerbando las condiciones de desbalances en la equidad urbana –yendo a contrapelo a las respuestas que la coyuntura reclama–, son los que se desprenden de la gestión y regulación del suelo urbano. En la mayoría de las ciudades de América Latina se sigue padeciendo el acaparamiento de tierras dentro de los límites urbanos. “A pesar de que tanta tierra vacante se reserva con propósitos especulativos, pocas ciudades de América Latina han implementado políticas para abordar el problema. Incluso, cuando las autoridades logran hacer la distinción en sus sistemas impositivos entre la tierra vacante y la tierra ya urbanizada, como se ha hecho en Buenos Aires y Quito, los propietarios de terrenos baldíos permanecen protegidos de una alta tasación impositiva a través de una serie de indefiniciones y excepciones” ⁵. Un ejemplo actual en Chile, que grafica lo señalado por Gilbert, lo informó la prensa escrita en julio de 2012, al publicar que “diez empresas poseen el 45% de terrenos disponibles para casas en Santiago… según un estudio de AGS, de las 13.000 hectáreas que quedan en la Región Metropolitana, 5.800 están en manos de esos actores. Se trata, mayoritariamente, de inmobiliarias”⁶. El dato es evidente y no menor, pues tal superficie equivale al 60% del crecimiento y expansión del límite urbano de Santiago de Chile propuesto para los 20 años que vienen y que hoy se discute fuertemente en los ámbitos legales, dado los intereses económicos en juego. En las 5.800 hectáreas de propiedad de las inmobiliarias se podrían construir al menos 35.427 nuevas viviendas (a modo de referencia, en el Gran Santiago en 8 años, 2003-2010, se construyeron aproximadamente 23.000 viviendas en total).⁷

En las dinámicas y lógicas de los poderes políticos y económicos vigentes, “los mercados de tierra no funcionan de manera satisfactoria sin algún tipo de intervención por parte del Estado”⁸. Por ello, en ese proceso, el habitante común y corriente es un consumidor (a veces sin saberlo o sin darse cuenta) mayoritariamente desinformado y pasivo, que desconoce las redes de intereses que resuelven por él en cuanto a dónde irán a habitar sus hijos y sus descendientes. Las estructuras del poder económico han valorizado a aquellos como números más o números menos para una rentabilidad conveniente o no, frente a otras alternativas de reproducción del capital. El negocio seguirá operando mientras la opinión pública no estime lo contrario.

Tales escenarios, globales, regionales y locales, invitan a pesquisar en el hábitat residencial y sus múltiples escalas el cómo se manifiesta la “Gestalt” de la ocupación del territorio, los espacios y lugares, y que al parecer adquiere características de palimpsesto de viejas y nuevas prácticas a la vez.

En el presente número, de temática libre, se han seleccionado cinco artículos que dan cuenta en tres ciudades de Chile, Concepción, La Serena, y Santiago, cómo en el interior de éstas se expresan diferentes dinámicas internas asociadas ya sea a los modelos económicos que subyacen en su expresión, las estrategias de la reproducción del capital cuando se utilizan los recursos naturales como medio de consumo mercantilizado o, cómo se demuestra la percepción a los riesgos por amenazas naturales, en su comportamiento social, según se reparten las vulnerabilidades socioeconómicas en una población.

El artículo “Industrialización, desarrollo y ciudad: transformaciones socio-demográficas y de la estructura urbana en la geografía social del Gran Concepción” analiza transformaciones y comportamientos sociogeográficos en esta urbe –afectada por el terremoto del 2010 de 8.8° Richter–, con indicadores socio-educacionales, etarios y de empleo en industria y servicios, verificando, la coexistencia espacial de modelos económicos productivos ya pasados con los actuales, obteniendo de ello sus conclusiones.

El artículo “El imaginario verde y el verde urbano como instrumento de consumo inmobiliario: configurando las condiciones ambientales del área metropolitana de Santiago” devela cómo los recursos naturales, las áreas verdes urbanas en el ejemplo, son utilizados como mercancía en el negocio inmobiliario. Se demuestra la inequidad en la búsqueda de una mejor calidad de vida cuando la gestión de las ciudades presenta desbalances en contra del habitante-consumidor urbano que no cuenta con las condiciones económicas para acceder a un bien que debería ser igualitario para todos.

El artículo “Percepción del riesgo en relación con capacidades de autoprotección y autogestión, como elementos relevantes en la reducción de la vulnerabilidad en la ciudad de La Serena” aporta evidencias acerca de la complejidad de la vulnerabilidad, desde la percepción del riesgo y su carácter social. Estos hallazgos estudiados con indicadores tales como condiciones económicas de la población, factores de autoprotección y capacidad de autogestión, permiten concluir en la necesidad de construir marcos teóricos interdisciplinarios para mejorar las respuestas ante amenazas naturales, más aun en este tipo de asentamientos humanos expuestos al riesgo de inundación por tsunami, como es el caso de esa ciudad costera.

Un cuarto artículo, “El miedo de las mujeres a la violencia en la Ciudad de México. Una cuestión de justicia espacial”, analiza relaciones entre divisiones de género y espaciales en la construcción del miedo a la violencia, que condicionan la forma de habitar de las mujeres en colonias populares en esa metrópoli.

Un último artículo, “Evaluación del rendimiento de calefacción o refrescamiento producido por los elementos constructivos y microclima de una vivienda pasiva. Una forma de integrar el rendimiento del confort térmico pasivo a su administración del ciclo de vida de un edificio” presenta una modelización para el mejoramiento del confort térmico de un edificio de vivienda social, en la etapa de diseño. Este tipo de mejoramiento es un objetivo buscado hace ya un tiempo en Chile. Todavía no se ha podido llegar a establecer indicadores referenciales para optimizar y compatibilizar costos, normativas, políticas habitacionales y cultura, pues estas metas conllevan mayores recursos para el Estado y los habitantes, amalgama para la cual es preciso aportar más evidencias.

Ricardo Tapia Zarricueta

Notas

¹ Banco Mundial, 2012.
² Higa, 2011.
³ Moser, 2009.
⁴Olavarría, 2010.
⁵ Gilbert, 2001, p. 58.
⁶ Flores, 2012.
⁷ Tapia, 2012.
⁸ Gilbert, op. cit, p. 50.

Bibliografía

BANCO MUNDIAL. Global Economic Prospects 2012: Uncertainties and Vulnerabilities. [En línea]. The World Bank. 2012. Disponible en: http://go.worldbank.org/WI8LCZ6PT0.

FLORES TOLEDO, Tamara. Diez empresas poseen 45% de terrenos disponibles para casas en Santiago. Diario La Tercera. Santiago, Chile. Miércoles 27 de junio 2012.

GILBERT, Alan. La vivienda en América Latina. Washington DC., INDES, Banco Interamericano de Desarrollo. 2009. Documentos de Trabajo del INDES.

HIGA, Minoru. Vulnerabilidad a la pobreza: el Perú ¿avanza o retrocede? Revista Economía y Sociedad (78): 17-23, noviembre 2011.

MOSER, Caroline y FELTON, Andrew. Acumulación intergeneracional de activos y reducción de la pobreza en Guayaquil, Ecuador entre 1979 y 2004. En: MOSER, Caroline, ed. Reducing global poverty: the case for asset accumulation. Washington DC, Brookings Press. 2009. p. 15-50.

OLAVARRÍA, Mauricio. Conceptos básicos en el análisis de las políticas públicas. Santiago, Chile. Instituto de Asuntos Públicos, Departamento de Gestión Pública, Universidad de Chile. 2007. Documento de Trabajo N° 11.

TAPIA, Ricardo. Evolución de la localización de la vivienda social en el Gran Santiago. Período 2003-2010. (Sin editar). 2012. Proyecto FONDECYT 1100212: “Cambios espaciales en la sociogeografía urbana del Gran Santiago: ¿Mito o Realidad?”