doi 10.4067/S0718-83582012000100007

 

La reconstrucción de movimiento social en barrios críticos: El caso de la “Coordinadora de Pobladores José María Caro” de Santiago de Chile

The reconstruction of social movements within critical neighborhoods: the case of the "Coordinadora de Pobladores José María Caro", Santiago, Chile

 

Leslie Parraguez Sánchez1

1 Estados Unidos. Trabajadora Social y Master en Desarrollo Urbano de la Pontificia Universidad de Chile. Actualmente desarrollando estudios de doctorado en Sociologia en la Universidad de Loyola, Chicago, Estados Unidos, bajo el auspicio de la Beca Fulbright.


Resumen

La historia de la población José María Caro es similar a la de otras poblaciones históricas del pericentro de la ciudad de Santiago que en los últimos años fueron definidas como barrios críticos debido a sus graves problemas de violencia y conflictividad social. En este contexto, ¿cómo se explica que un “barrio crítico” protagonice uno de los movimientos sociales más reconocidos de la última década? A partir del análisis del proceso político protagonizado por la Coordinadora de Pobladores José María Caro (2005-2007), este trabajo aporta elementos para entender esta paradoja, permitiendo una comprensión más compleja de la llamada “fragmentación comunitaria” presente en estos barrios, y de la reconstrucción de movimientos sociales en Chile a 20 años del fin de la dictadura militar. Se concluye que los pobladores no se movilizan para superar una carencia, sino para conservar una ganancia construida colectivamente a lo largo de su historia. Los pobres de ayer adquieren un nuevo status en relación con un “afuera” que se desarrolla con patrones excluyentes: la ciudad neoliberal, que los hace sentir privilegiados de tener algo que defender, pero, paradójicamente, los convierte nuevamente en personas vulnerables. Cuando se dan cuenta de eso, se comienza a reconstruir la acción colectiva.

PALABRAS CLAVE: MOVIMIENTOS SOCIALES; IDENTIDAD COLECTIVA; FRAGMENTACIÓN COMUNITARIA; BARRIOS CRÍTICOS; CIUDAD


Abstract

The history of José María Caro is similar to those of other historical communities located in the periurban area of Santiago labelled as critical neighborhoods because of violence and social conflicts. In this context, how is it possible that a critical neighborhood has led one of the most important social movements of the last decade? By analyzing the political process carried out by the Coordinadora de Pobladores José María Caro (2005-2007), this paper provides elements to understand this paradox, thus allowing a deeper insight into the so-called “community fragmentation” of these neighborhoods and the reconstruction of social movements 20 years after the end of the military regime. This research concludes that residents do not movilize to overcome shortcomings, but to retain what they have achieved over time. Poor people from past times have a new status in relation to the exclusionary neoliberal city, a space that makes them feel privileged of having something to fight for, but paradoxically turns them into vulnerable individuals. It is in this point when collective action is reconstructed.

KEYWORDS: SOCIAL MOVEMENTS; COLLECTIVE IDENTITY; COMMUNITY FRAGMENTATION; CRITICAL NEIGHBORHOODS; CITY D'URBANISME DE PARIS.


 

Introducción

En 1958, bajo la modalidad de “operación sitio” y autoconstrucción, la población “José María Caro”, ubicada en la comuna de Lo Espejo de la Región Metropolitana de Chile, se constituía como el emplazamiento humano más grande creado por un plan habitacional estatal. Debido a que el territorio no cuenta con servicios básicos y gran parte de los nuevos habitantes reciben una solución habitacional precaria2, la organización comunitaria resulta fundamental para el desarrollo de la población3. Quince años más tarde, el golpe militar genera un enorme retroceso en dicho desarrollo. No obstante, tras los primeros años de impacto por la represión de la dictadura de Pinochet, y ante la difícil situación económica de los pobladores, esta situación comienza a revertirse. Así, desde ese momento hasta el fin de la dictadura militar, la “Caro” se transforma nuevamente en un importante territorio ágora, donde la vita activa4 se amarraba, frágil, precaria, pero donde el territorio operaba como una gran mesa en la que actores diversos se sentaban a debatir.

Sin embargo, el panorama que describe actualmente la literatura especializada sobre la situación de la población es diametralmente opuesto, siendo incluso categorizada e intervenida como “barrio crítico” por el programa “Barrio Seguro” del Ministerio de Interior en el año 20045, debido a los graves problemas de violencia y conflictividad social que esta presenta6. Esta situación habría generado la atomización social de los pobladores, reflejada en una débil participación social y en el abandono de los espacios públicos7. En concordancia, los mismos pobladores reconocen que desde el fin de la dictadura el interés por la acción colectiva había venido disminuyendo notablemente, hasta el punto en que la mayoría permanece encerrada en sus casas, enfrentando individualmente sus preocupaciones8.

 

Figura 1. Localización de la comuna de Lo Espejo en relación al crecimiento de Santiago de Chile.

Fuente. SEREX, 2004-2005

 

El proceso histórico descrito no se distancia mucho de lo ocurrido en otras poblaciones históricas ubicadas actualmente en el pericentro de la ciudad, las que también han sido definidas como barrios críticos9. Sin embargo, una situación altamente paradójica ocurrida entre los años 2005 y 2007 en esta población desafía la definición predominante de estos territorios10. Se trata del movimiento social liderado por la “Coordinadora de Pobladores José María Caro” (CPJMC), que se genera en oposición a las modificaciones normativas propuestas por el nuevo Plan Regulador Comunal (PRC). Movimiento que, en sus momentos de mayor algidez, convoca a más de 1.000 pobladores, incluyendo a los sectores más vulnerables de la población (E y F).

 

Figura 2. Croquis Población José María Caro indicando sectores

Fuente. Godoy y Guzmán, 1964.

 

A partir del análisis del proceso político protagonizado por este movimiento, este trabajo busca aportar elementos para entender esta paradoja, permitiendo una comprensión más compleja de la llamada “fragmentación comunitaria” presente en estos barrios críticos. Junto a la amenaza indiscutible que representa el accionar de grupos y redes ligados al tráfico de drogas11, estos elementos buscan ayudar a entender de forma más profunda la tremenda fragilidad de las identidades individuales y colectivas que se reconstruyen “desde abajo y desde dentro”12, una y otra vez, en estos territorios, para resistir esta y otras violencias13.

 

¿Movimientos sociales en los “barrios críticos”? Algunas claves teóricas

¿Cómo se explica que un “barrio crítico” protagonice entre los años 2005 y 2007 uno de los procesos participativos más reconocidos de la última década? ¿Cómo se explica que un “barrio crítico” logre pasar de “patio trasero” de la ciudad, a centro mismo del debate urbano, en un contexto de creciente individuación y desconfianza característico no solo de estos territorios, sino en general de nuestras sociedades neoliberales y desiguales14? Para entender cómo esto ocurre no es posible desentenderse de las transformaciones de la cuestión social, que hoy en día plantean el problema de enfrentar la vulnerabilidad después de las protecciones15. En el marco de un pluralismo de valores y opiniones, con el consiguiente debilitamiento de las tradiciones y convenciones heredadas, el avance transversal de la individualización plantea retos inéditos16. Específicamente, los individuos quedan instalados en la contradicción que se da entre los dos rasgos principales de la modernización y la globalización: en efecto, por un lado, son individuos “utilitarios”, “egoístas”, preocupados de satisfacer óptimamente sus intereses, lo que los hace ser cada vez más distintos, entendiendo los numerosos mercados dentro de los cuales actúan; pero, por otro lado, la mayor parte de los actores también son individuos “morales” deseosos de construir sus propias vidas, lo que los vuelve cada vez más iguales en términos de derechos, identidad e imaginario17. Este es el estrangulamiento que caracteriza la relación cada vez más compleja de los movimientos sociales con sus propios actores18.

Por lo tanto, los movimientos sociales deben ser hoy entendidos desde la ambivalencia del individualismo moderno19. Esta ambivalencia de ninguna manera suprime las divisiones y formas de opresión antiguas y nuevas asociadas a lo que Giddens denomina como “política de emancipación”. Sin embargo, genera nuevas formas de interés por lo que él entiende como “política de la vida”, que “no concierne a las condiciones que nos liberan para realizar opciones: es una política de opción”20. Así, para avanzar en la comprensión de la paradoja que funda este trabajo, a saber, la reconstrucción de identidades colectivas en los “barrios críticos”, se plantea identificar los mecanismos individuales y sociales a través de los cuales estos pobladores construyen una “política de vida”, es decir, una política que les permita elegir cómo quieren vivir en función de su manera de combinar los principios generales de la modernización (lo que nos hace iguales) y las “identidades particulares” (lo que nos distingue, y sustenta la acción y el discurso, hoy)21. Sin embargo, este proceso reconstructivo es constantemente amenazado por la visión mezquina de lo político22 que predomina en nuestras elites gobernantes. Por lo tanto, este trabajo también pretende identificar los factores que se constituyen como fuente de inestabilidad para estos nuevos movimientos sociales, evidenciando la persistente fragilidad de las identidades colectivas existentes en estos territorios.

 

Metodología

Para el desarrollo de esta investigación se optó por un estudio de caso paradigmático, desarrollado a través de técnicas cualitativas. La selección de dicho caso se realizó de modo intencionado, de acuerdo a dos criterios: la visibilidad pública de la agrupación y su nivel de convocatoria y “éxito”, que al momento de su creación era todavía inédito a nivel de ciudad, especialmente para los sectores de bajos recursos.

La unidad de análisis de este estudio es el discurso. Para reconstituirlo se consultaron distintas fuentes primarias y secundarias de información.

En primer lugar, se realizó un catastro de todos los documentos públicos (DP) emitidos por la agrupación o que hacían referencia directa al caso, en un periodo de tres años –es decir, desde su creación hasta la aprobación del Plan Regulador, en el año 2007–. En segundo lugar, se desarrolló un seguimiento de los principales foros públicos (FP) a los que la Coordinadora fue invitada como expositora o panelista durante el año 2006, para luego analizar cualitativamente las transcripciones completas de cada uno de ellos, incluidas las exposiciones y la discusión posterior. En tercer lugar, para complementar la información obtenida a través de los documentos y foros públicos, especialmente en aquellos temas menos abordados, se realizaron entrevistas semiestructuradas a informantes clave, considerando como tales a algunos representantes significativos de los distintos tipos de actores involucrados directamente en el conflicto, a saber, miembros, pares, contrapartes y expertos. Finalmente, para acceder a la visión del municipio respecto de la acción-discurso de la Coordinadora, se realizó un análisis de contenido cualitativo de todas las Actas del Concejo Municipal de Lo Espejo entre los años 2005 y 2007, en donde el tema de la modificación del Plan Regulador constituía parte de la tabla de discusión. La gran cantidad de documentos recolectados permitió saturar la información en todos los actores definidos.

 

El “problema de las casas” y el despertar de los pobladores

Según Ducci23, desde el año 2000 se observa en Santiago de Chile una proliferación de reacciones colectivas que se oponen a intervenciones urbanas –públicas y privadas– que, como señalan los afectados, trastocan arbitrariamente sus entornos locales de vida. Al examinar los nombres de estas agrupaciones24 podemos obtener pistas iniciales sobre sus intereses de lucha. Todas ellas hacen uso de conceptos muy cercanos en términos de significado: “defensa”, “no”, “salvemos” o “rechazo”. Cuando se obtiene mayor información sobre el origen de cada conflicto, es posible comprobar que la mayoría se inicia en reacción a los procesos de actualización del PRC que desde el año 2002 viene ejecutando la SEREMI Metropolitana de Vivienda y Urbanismo, junto al municipio y un organismo privado de asesoría técnica25. Dichos conflictos se estarían produciendo sin distinción de situación socioeconómica y, muy relacionada, localización en la ciudad.

Una de estas agrupaciones es la “Coordinadora de Pobladores José María Caro”, que en el año 2005 se conforma para defender su barrio frente a la amenaza de densificación proyectada por el nuevo PRC de Lo Espejo. Específicamente, en febrero del año 2005, cuando el PRC se encontraba en su tercera etapa de elaboración, se produce una filtración de información hacia los vecinos, que, hasta ese momento, no estaban enterados de dicho proceso. Se trataba de la propuesta de zonificación en la cual se señalaban varios sectores de la población donde se planteaba mantener el uso preferentemente residencial, pero aumentando su altura a 4 pisos o más. Esto, en concordancia con una de las prioridades del plan, buscaba “resolver la conformación de condiciones normativas que favorezcan la inversión en términos inmobiliarios”26.

La angustia colectiva no se hizo esperar. Se llegó a rumorear, incluso, sobre una supuesta compra de casas, o que los edificios los construirían para ocultar la pobreza al proyecto urbano “Ciudad Parque Bicentenario” ubicado frente a la población, en el terreno del ex aeropuerto de Cerrillos.

“Salieron hasta balazos, y como estaba el boom entre los vecinos del proceso del Plan Regulador y nos vieron, y nos equivocamos en parte al exponer el tema, pensaron que éramos los funcionarios municipales que venían a decirles que vendieran sus casas” (2º Director CPJMC).

[...] estamos frente a una ciudadanía que no sabe de instrumentos de planificación, por ello el impacto de saber que serían sacados de sus casas por las inmobiliarias es fuerte” (Jefe Unidad de Desarrollo Urbano e Infraestructura, SEREMI Metropolitana).

La primera acción fue organizar reuniones de vecinos por “pasaje”27 para explicar el anteproyecto, especialmente lo relativo a las zonas de densificación. En esa instancia aún no existía una organización con funciones diferenciadas, sino una fuerza única de lucha donde la principal tarea era informar a los vecinos. En dicha tarea el CD-ROM que contenía el Anteproyecto cumple un rol tan fundamental, que más tarde el primer boletín informativo elaborado por la Coordinadora es bautizado con su nombre (“El CD”). Así, la organización en ciernes combina mecanismos tradicionales de comunicación que aseguren una difusión y respaldo masivo, con un mecanismo innovador que exige un aprendizaje colectivo de términos técnicos de la planificación urbana y gráficas asociadas.

 

Figura 3. Detalle nor-poniente de la zonificación propuesta en Anteproyecto PRC Lo Espejo

Fuente. SEREX, 2004-2005.

 

Figura 4. Fotomontaje Anteproyecto Plan Regulador Lo Espejo

Fuente. SEREX, 2004-2005.

 

“[...] GUARÉN DE LATA [para] los que no quisieron la participación de los vecinos en algo tan importante como saber lo que pasará con sus casas en el futuro [, para] ciertos importantísimos personajes [...] que todavía no logran meterse en el computador para leer el ahora famoso CD de la consultora, el que casi la mitad de los vecinos de la Caro ya tiene en su poder” (“El CD-Caro despierta”, Hoja informativa CPJMC, DP Nº 9).

A través de estas reuniones se verificaba y fortalecía el rechazo de los pobladores a la propuesta de PRC, reconfigurando poco a poco las identidades individuales y colectivas desde las cuales se emprendería la acción defensiva. Un primer acuerdo ocurrió a nivel de lenguaje: el conflicto es bautizado por los vecinos como “el problema de las casas”, nombre que sintetiza el concepto de bien común predominante y, por ende, la motivación original de la lucha colectiva: la defensa del principal patrimonio familiar de la José María Caro y pilar fundamental del proyecto de vida de los pobladores. Este momento es el que funda la inclusión de la perspectiva urbana en las preocupaciones de estos pobladores, ya que, hasta ese instante, que la norma heredada de su comuna madre (La Cisterna) ya permitiese elevar la altura de edificación a 4 pisos era desconocido o, más bien, irrelevante para ellos.

 

Hacia la construcción de una política de vida en “La Caro”

En este contexto, ¿cómo se entiende que los habitantes de un “barrio crítico” se sientan amenazados por la dinámica inmobiliaria de la ciudad, considerando que la gran mayoría es propietaria y que algunos “expertos” consideran muy improbable el desarrollo inmobiliario en el área debido al estigma socioterritorial que le acompaña? La historia de estas poblaciones nos enseña que su condición de propietarios no es, ni ha sido nunca suficiente para disminuir el sentimiento de vulnerabilidad y desprotección de sus habitantes, siendo nuevamente la vía colectiva el único medio disponible para adquirir poder como pobladores ante un entorno leído como amenazante. Así, tal como señala Sennett28, para superar las incertidumbres de estos cambios y eliminar la fragmentación comunitaria predominante hasta ese momento en la población, los pobladores intentan volver íntima y local la escala de su experiencia humana, transformando el territorio local en algo moralmente sagrado. Esta vez, lo hacen a partir de tres mecanismos concatenados:

 

La amenaza de los intereses económicos del mercado inmobiliario y el gobierno local.

En primer lugar, desde su identidad de poblador, los habitantes de “la Caro” buscan emanciparse nuevamente de la opresión de los intereses del Mercado y el Estado. Sin embargo, dado que su identidad hoy está principalmente asociada con el espacio que se habita, y no con una clase o un partido político, son el mercado inmobiliario y el gobierno local (municipio) las caras contemporáneas de la amenaza.

“La primera gran organización de la población, cerca de 1958-1959, donde comienza la Caro, se llamó Comando de Pobladores; pero ‘comando’ no calzaba con las ideas de ahora, así que prefirieron ponerle Coordinadora” (Encargada comunicaciones CPJMC).

“... siempre exigiendo que aunque sean de los partidos políticos que fuesen, la Coordinadora no era política. [Sólo] personas comunes y corrientes, tuviésemos las ideologías que tuviésemos, eso quedaba aparte. El foco era totalmente ciudadano, pelear por algo que era nuestro” (Tesorera CPJMC).

Es así como su identidad se reconstruye, por un lado, a partir de una percepción común de amenaza por parte de los intereses de las empresas inmobiliarias. Si bien este actor no aparece involucrado explícitamente en ninguno de los momentos estudiados del conflicto, su amenaza cuenta con otras fuentes de objetividad: para ellos se trata de una dinámica urbana neoliberal reconocible, donde la ecuación bajo precio de suelo y buena localización en la ciudad explica el interés por densificar. Lo grave está en que esta dinámica significaría la expulsión de los habitantes de la población, ya que las nuevas edificaciones si bien podrían venir a mejorar la situación de los allegados de la comuna, por sus altos precios de venta quedarían fuera de su alcance.

“Tengo muy clara la historia de la José María Caro. Lo típico, de la sensación de los pobladores de estas poblaciones establecidas que se sienten amenazados por la dinámica inmobiliaria de la ciudad y sienten estas amenazas de desalojo por la densificación” (Secretaria General Hábitat International Coalition, HIC, Chile).

Como afirmaban ciertos concejales... ‘aquí todo queda en manos del libre mercado, es el mercado el que manda’. Ninguno dijo cuánto podrían pagar esas constructoras porque saben que los terrenos aquí están entre los más baratos de Santiago y eso hace que esas empresas estén tan interesadas en este Plan Regulador” (CPJMC, DP Nº 9).

El discurso de los pobladores, por otro lado, refleja una percepción de amenaza aún más cercana y profunda: la desconfianza estructural hacia los políticos, pero, muy especialmente, hacia la gestión del gobierno municipal que es quien estaría promoviendo todo este proceso.

“Los que podrían hacer que se perdiera esa vida de barrio es el gobierno, porque son ellos los que mandan aquí y los que tienen el poder en lo que [respecta] a las empresas inmobiliarias [...] porque ellos son los que dan [la pauta] para que las empresas inmobiliarias se metan. No era la gente la que tenía intereses metidos aquí, era el municipio, porque a ellos les entra más plata” (Tesorera CPJMC).

 

Calidad social y funcional relativa del lugar

Su identidad también se reconstruye a partir de la valoración de la calidad social y funcional del lugar en que se vive, es decir, las economías de escala de la población. Así, en segundo lugar, los pobladores defienden su derecho a conservar la organización de su vida cotidiana que les permite tener en este lugar una mejor calidad de vida relativa en la ciudad.

“Yo no me muevo de aquí... porque si ya tienes tu [estilo] de vida, tu manera, tu trabajo. Muchas veces he dicho que voy a vender y me voy a ir, pero ¿dónde? ¿A qué? Y si me va mal, ¿a quién le voy a dar vuelta la cara? ¿A quién le voy a pedir ayuda? En cambio aquí puedo golpear una puerta u otra y no me va a faltar, porque ya conozco mi entorno” (Tesorera CPJMC).

“Defiende tejido social, patrimonio intangible... una condición obtenida a lo largo de la historia... Ellos ahora se sienten insertos en Santiago. Cercanos al metro, a un mall, a un supermercado. Tienen los bienes y servicios a la mano” (Director Ciudad Viva).

En este sentido, existe una conciencia de que su entorno de vida es privilegiado respecto a otros sectores pobres de la ciudad, especialmente los que acceden a casa a partir de la política de vivienda neoliberal. En definitiva, tal como señala Mongin29, se observa en los pobladores un interés por mantener los vínculos fuertes que les permiten protegerse ante la inestabilidad de los vínculos débiles que caracteriza la situación socioeconómica de estos sectores de la ciudad.

“Nosotros somos privilegiados, porque tenemos espacio. Puede que tengamos problemas de convivencia y que a veces, en un terreno, vivan dos o tres familias, pero me parece que es mucho mejor que vivir en un edificio donde no puedes abrir la puerta, donde los niños no pueden jugar afuera porque corren peligro...” (2º Director CPJMC).

“[...] es muy difícil que una oferta de alguna inmobiliaria le permita igualar su actual inmueble emplazado en casi 200 m2, superficie impensable para una vivienda social estos días. Esta percepción es ampliamente compartida por los vecinos y explica en buena parte por qué se resisten a imitar los pasos que en otros puntos de la capital, de mayor plusvalía, serían un buen negocio” (Diario La Segunda, 10 de junio de 2005, DP Nº 21).

 

Memoria colectiva

Ahora, como se ha dicho, estos vínculos fuertes venían debilitándose progresivamente. Por lo tanto, para reconstruir las identidades colectivas no sólo recuperan el valor presente del lugar que se habita, sino que también le otorgan un valor fundamental al proceso histórico que le da forma. Se refiere a la autoconstrucción de esta y otras “poblaciones históricas” de la ciudad a partir del esfuerzo de tres generaciones que logran sobreponerse, primero, a las condiciones de vida iniciales en los ’60, luego a la represión de la dictadura militar y, ahora, al individualismo moderno y sus nuevos problemas sociales. Se defiende, en suma, una identidad espacial que ha sido autoconstruida gracias a la capacidad que históricamente han demostrado tener para superar las adversidades de su entorno y más aún, salir fortalecidos de ellas30, elemento básico del discurso que hacen de sí mismos estos pobladores.

“... al enterarse los vecinos de lo que se pretendía hacer, dijeron NO, no queremos vender lo que costó tanto levantar en 47 años. Nuestros padres, nosotros, arreglamos estas casas, las que al llegar eran de ‘cholguán’, sin luz, agua, ni alcantarillado” (CPJMC, DP Nº 9).

“La población José María Caro significa para mí todo. Porque como dije anteriormente, es historia. Somos nacidos y criados [aquí] a duras penas a veces. Y todos los que hemos pasado por la Coordinadora hacemos un reencuentro de nuestra niñez, juventud, y ahora que somos padres. Y [es] volver a luchar, como dije, por nuestras casas, por nuestra población, es todo” (2º Director CPJMC).

En suma, la reconstrucción de las identidades en “La Caro” se realiza a partir de un argumento individual (defender la propiedad, en tanto derecho económico) que luego se transforma en un argumento colectivo (defender la identidad espacial, en tanto derecho cultural). Algunos economistas urbanos dirían que se trata del conocido conflicto que se produce por un desajuste entre el valor de cambio que asigna el mercado y el valor de uso que atribuyen las personas. La propuesta de este trabajo es que estamos ante un proceso mucho más complejo que demuestra cómo estos pobladores construyen una “política de vida”31 a partir de la defensa de sus identidades espaciales específicas que les permiten distinguirse y unirse como sujetos.

 

La visión mezquina de lo político en Chile

Paradójicamente, los mismos mecanismos que utilizan los pobladores para reconstruir su proyecto identitario32 se constituyen a la vez como fuente de fragilidad para el movimiento. Particularmente, la desconfianza profunda de los habitantes de la población hacia las estructuras de poder político. Como dice Bourdieu33, estamos ante reivindicaciones sociales que las organizaciones políticas no pueden percibir, entender, ni menos asumir a menos que amplíen “la visión mezquina de lo ‘político’ que heredaron del pasado”, e inscriban en ella “todas las expectativas y esperanzas difusas que, por afectar a menudo la idea que la gente se hace de su identidad y su dignidad, parecen competer al orden de lo privado y, por lo tanto, estar legítimamente excluidas de los debates políticos”. Ahora, inesperadamente, los resultados de esta investigación también revelan que el mundo académico –y su comprensión restringida de los desafíos y dificultades que deben enfrentar sus protagonistas para reconstruir acción colectiva hoy– se constituye como fuente de desconfianza y fragilidad, sugiriendo una nueva dimensión de esta “visión mezquina de lo político” en Chile

 

Comunistas e ignorantes

Las instituciones que actuaron como contraparte en este proceso consideran que la visión de los pobladores puede ser “legítimamente” excluida de los procesos de planificación territorial, por fundarse en la “ignorancia” e “ideología comunista” característica de las poblaciones históricas de la ciudad, pero también porque el PRC ha sido desarrollado según el “conducto regular” especificado en la ley.

Según algunas autoridades comunales el alarmismo demostrado por los pobladores ante la imagen de ciudad propuesta en el nuevo PRC no se justificaba, paradójicamente, por no existir las condiciones para un desarrollo inmobiliario en la zona defendida; en consecuencia, la única explicación se encontraba en intereses políticos de la izquierda más radical que busca perjudicar, a través de un conflicto masivo, al recién elegido gobierno local de centro-izquierda.

“[...] es un contrasentido, ¿cómo va a llegar otra gente a la comuna si esta comuna tiene una identidad propia de muchos años, de una historia común, donde tenemos problemas de delincuencia y droga? ¿Qué gente va a querer vivir acá?” (Alcalde, DP Nº 13).

“...(un) concejal... en forma agresiva insulta a vecinos y dirigentes de la Coordinadora de Pobladores José María Caro, calificándolos de ‘comunistas’, ‘chanchos’ (por no querer el progreso)” (CPJMC, FP Nº 1).

La contraparte técnica, por su parte, critica las estrategias de gestión utilizadas por el movimiento, las que responderían a una “política del rumor” también característica de la izquierda durante la Unidad Popular. Se hace referencia, además, a un supuesto desconocimiento general respecto a los instrumentos de planificación territorial y su relación con las dinámicas urbanas. Un ejemplo claro para ellos, como ya se ha señalado, es que, aparentemente, pocos conocían –o consideraban de interés– el hecho de que el PRC heredado ya permitía igual altura que la propuesta por el anteproyecto, y que, a pesar de eso, los únicos departamentos construidos a la fecha con esa altura corresponden a vivienda social.

“En ese sector hay una afiatamiento, un valor simbólico importante de mantener la trayectoria política de los padres, cosa que no ocurre en la siguiente generación, que viene a ser los jóvenes, para quienes ya el valor que jugó para los viejos la militancia política no tiene valor [...] además tiene una matriz claramente de izquierda, entonces también se relacionan con organizaciones de izquierda” (Subdirectora SEREX).

Lo interesante es que esta calificación de “comunistas” es identificada como un argumento común para deslegitimar la participación ciudadana no solo en poblaciones históricas, como “La Caro” o “La Victoria”, sino también en comunas de clase media-alta, como Ñuñoa o Santiago Centro.

“Creo que hay un olvido tan grande de lo que significa reaccionar frente a cualquier cosa en este país que cualquier persona, individuo, grupo o asociación siempre es tachado o de comunista o de fundamentalista o de integrista, etc., porque eso desapareció durante un buen tiempo y no es una práctica habitual... Siempre está siendo castigado socialmente el oponerse, el rebelarse. No me llama la atención en absoluto” (Líder Red de Ciudadanos por Ñuñoa).

Finalmente, las contrapartes utilizan un argumento de gran poder para deslegitimar el movimiento: la validez legal de los procedimientos desarrollados hasta ese momento. Se debe recordar que toda modificación al PRC está normada por la Ley General de Urbanismo y Construcción (LGUC) y por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC). Ambos documentos señalan que el proyecto de PRC será preparado por la Municipalidad respectiva y que, solo una vez elaborado y antes de iniciar su discusión, deberá informar a los vecinos, “especialmente a los afectados”, acerca de las principales características de la propuesta y sus efectos. Tal información deberá entregarse a las organizaciones territoriales “legalmente constituidas” que estén involucradas (OGUC, Art. 2.1.11).

Por lo tanto, la estrategia de participación propuesta por SEREX, si bien consideraba procesos no indicados en la Ley, define su cobertura bajo criterio del municipio, el cual, según se señala, se ajusta cabalmente a lo indicado en dicha Ley.

“La distribución de las invitaciones estaba a cargo de la municipalidad... que identificaba a los dirigentes vecinales que eran sindicados y a esos dirigentes se les mandaba una carta en que se convocaba, no solo al dirigente, sino a los vecinos de su organización. Eran invitaciones formales, pero nosotros no los excluimos, podría ser cualquier organización” (Subdirectora SEREX).

Es más, al revisar la opinión de las autoridades locales (salvo excepciones) se puede comprobar un acuerdo con la concepción de participación que refleja la Ley, es decir, complementar la discusión técnica y política sólo con la opinión de un pequeño grupo representativo de vecinos y organizaciones tradicionales, principalmente juntas de vecinos.

“Ellos partieron haciendo un diagnóstico en el cual no era necesario que estuviera toda la gente [...] En una primera etapa sólo se preguntaba cómo visualiza Lo Espejo a futuro, solamente esto, una prospectiva, lo que podía ser una visión de comuna futura” (Alcalde, DP Nº 13).

“Yo creo que para un análisis prospectivo era suficiente con que consultara a las organizaciones de las fuerzas vivas de la comunidad, porque, si bien es cierto que a lo mejor no son tan representativas de toda la comunidad, sí son personas que tienen muchos años en esta Comuna” (Director de Obras y Representante ante SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo. Acta concejo municipal, 22 septiembre de 2005).

Para la Coordinadora esto es crítico ante la obsolescencia representativa de las juntas de vecinos y su cooptación por parte de las autoridades. Lo que refleja, en definitiva, la obsolescencia de los canales de participación contemplados en el procedimiento de elaboración de un PRC. Esto se agudiza al considerar los conductos regulares de información y convocatoria utilizados por el municipio, también de acuerdo a lo que señala la Ley.

“Hoy... las juntas de vecinos no sirven para mucho, están desfasadas en el tiempo” (Encargada comunicaciones CPJMC).

“Las juntas de vecinos han dejado de asumir su rol protagónico representando a los vecinos y ahora representan al alcalde y de esta manera pagan algunos favores” (Líder agrupación ciudadana de Lo Espejo, DP Nº 17).

“Eso fue lo que me dijo el alcalde, que ellos los informes los ponían en el diario y por Internet, un párrafo chiquito que eran las audiencias públicas para que la gente asistiera al municipio para ellos mostrar el Plan Regulador. Yo le dije que en qué cabeza cabía que él hiciera una audiencia pública con esta cantidad de [personas], él tiene que avisarle a la gente, y me contesta ‘conducto regular’” (Tesorera CPJMC).

Esta situación requiere el desarrollo de nuevos mecanismos individuales y sociales por parte del movimiento. En primer lugar, los argumentos deben dejar a un lado lo valórico para centrarse en lo técnico. Así, estos pobladores pueden exigir ser tratados como “iguales” (política de emancipación), sino que también ejercen su igualdad a partir de su propio desarrollo personal y colectivo (política de vida). Este giro, sin embargo, también es desarrollado como estrategia de gestión, ya que para ellos el lenguaje técnico es más efectivo que el lenguaje de la identidad espacial (“la historia a nadie le interesa”). Efectividad que se realzaba, además, entendiendo el bajo nivel de preparación que presentaba en este sentido el municipio.

“Un efecto importante es que primó siempre la discusión técnica y legal, o sea no por ser pobladores no íbamos a tener la capacidad de aprender. Siempre lo he dicho y también se lo he dicho a los dirigentes de la Coordinadora, que muchos de ellos saben más de urbanismo que un profesor universitario, porque tuvimos que aprender en base a la posibilidad de perder nuestras casas... Esto hizo que la autoridad nos empezara a mirar de otra forma, así no eran tan crueles” (Líder CPJMC, FP Nº 3).

“Se lee mucho, se conversa. La gente cuando sabe menos pero se interesa en participar lee todo lo que venga por delante, por ejemplo, los contratos que tenía la municipalidad con la SEREMI se los sabían al revés y al derecho” (Director Ciudad Viva).

En este punto álgido la negociación adquiere otro tono, desencadenando, en último término, la intervención de la Directora de la SEREMI Metropolitana y un drástico cambio de estrategia en la elaboración del PRC de Lo Espejo. Específicamente, la aceptación de la demanda de la Coordinadora de volver a diseñar el plan a partir de talleres participativos por Unidad Vecinal, es decir, incluyendo a todos los habitantes de la comuna.

En este contexto se entiende la necesidad de generar, en segundo lugar, mecanismos fiscalizadores que medien los tensos acuerdos que se van logrando con las contrapartes, anticipándose a la desconfianza de los vecinos. Es que la Coordinadora no sólo debe convencer a las autoridades sobre la validez de sus argumentos, sino que también debe convencer a sus representados sobre la validez de los procedimientos. Para ello, por un lado, requiere del apoyo estratégico de la Iglesia, de gran credibilidad en el territorio, sin el cual quizás el respaldo masivo característico de este conflicto hubiese sido mucho más vulnerable.

“En el sector F [de la población] los talleres encuentran dificultades. Los vecinos expresan masivamente su desconfianza por la actividad, la consultora y el municipio. Dirigentes de la Coordinadora... intervienen y explican que los acuerdos tomados serán resguardados a través de la protocolización (ante Notario Público) de las copias de los planos con los que trabajarán y que es fundamental la participación. Alrededor de 20 vecinos se retiran por no confiar en el proceso. En esta ocasión los planos son firmados por Pedro Moraga, primer diácono de la población José María Caro” (CPJMC, DP Nº 1).

“El dirigente y socio de la Coordinadora Orlando Gálvez toma contacto con autoridades eclesiásticas para conseguir que estén presentes, como ministros de fe, en el día de los talleres en la mayoría de las unidades vecinales” (CPJMC, DP Nº 1).

“Si bien se han producido diversas opiniones entre la comunidad... también esto ha llevado a discutir sobre el valor de la vida de barrio, las relaciones humanas que se producen, la profunda solidaridad que se da en un ambiente de pobreza y marginalidad y, especialmente, los 48 años de historia que han significado para los pobladores de la José María Caro y que hoy podrían ser afectados con futuros edificios. Creemos que aún se necesitan muchos espacios de información y discusión, y por ello no hemos dudado en divulgar los antecedentes que nos entrega la Coordinadora. De ahí nuestro más valioso reconocimiento al trabajo que como organización social han desarrollado” (Decano José María Caro, DP Nº 3).

Por otro lado, la Coordinadora debe mantener una postura incorruptible que, argumentativamente, se expresa en la firmeza de la demanda colectiva: la mantención de altura de edificación en “la Caro”. Cualquier alteración, además de no ser representativa, podría ser interpretada como cooptación, poniendo en peligro el alto respaldo demostrado por la comunidad. Esto, sin duda, pese a la reconocida maduración de sus argumentos, restringía el marco de negociación con las contrapartes.

 

Conservadores

Esta última situación genera críticas inesperadas desde algunos sectores del mundo académico ligado a los estudios urbanos, que descalifican al movimiento por carecer de un “proyecto urbano”, catalogándolo por ello como “conservador”. ¿Cómo esta crítica llegó a gestarse? Paradójicamente, a medida que este proceso político avanzaba, la Coordinadora iba ganando reconocimiento público e, incluso, apoyo por parte de organizaciones pares. Más allá de las diferencias, su discurso interpreta perfectamente a sus pares, lo cual le otorga una relevancia general a lo que ocurre en Lo Espejo. Así, el conflicto en Lo Espejo ingresa a la arena pública del emergente circuito de reflexión ciudadana con perspectiva urbana de Santiago. Específicamente, la Coordinadora, a través de su líder, comienza a asumir un rol testimonial en debates públicos que reúnen a ciudadanos y académicos interesados por la actual crisis urbana en el país.

Ahora, precisamente en uno de estos foros es que se manifiesta por primera vez, al menos públicamente, la descalificación del movimiento en “La Caro” por parte de algunos académicos. Desde una visión mezquina de lo político, que no percibe ni comprende la dificultad de la acción colectiva desde la ambivalencia del individualismo moderno –donde la emancipación, se conjuga también con autonomía, derechos e inseguridad–, la defensa de esta agrupación es catalogada como “conservadora”. A pesar de ello, la instancia de discusión es altamente valorada al interior de este circuito académico por haber provocando un debate intelectual paradigmático, aunque sus eventuales consecuencias para el frágil movimiento social de pobladores, como veremos, no son nunca consideradas.

“[...] yo estoy de acuerdo en que debería haber prioridad para la gente que vive ahí. Ahora, que se niegue la densificación me parece de un ultra conservadurismo tremendo [...] hacer una propuesta que no sea conservacionista sino solidaria es fundamental para cualquier movimiento social, para que sea visto como una propuesta para la sociedad, no sólo para el barrio. Este planteamiento es ‘ostracismo’ urbano. Todos estamos de acuerdo que la propuesta no puede reducirse al tema del realojamiento, sino también mantener la memoria histórica. Pero esto no es incompatible con cierto tipo de crecimiento, donde se incluya, por qué no, un poco de diversidad social. No se deben perder cada uno en su barrio, sino hacer una ciudad más democrática [...] Yo mantengo todo lo que he dicho antes, creo que esto es un movimiento con una base bastante equivocada, conservacionista y de autoexclusión, y creo que conduce a una derrota” (Jordi Borja, FP Nº 1).

“[...] creo que hay posibilidades de ir avanzando, la única forma es la educación más una práctica de debate. Coincido... con la apreciación de aquel encontronazo de la Cecilia con el Jordi, independientemente del factor personal, la calidad del debate fue de lo mejorcito que hay en Santiago en años” (Secretaria General HIC).

En este sentido, se está de acuerdo con la importancia del debate académico y profesional inaugurado por este (des)encuentro, ya que pone en el centro la tensión entre la perspectiva local y la perspectiva urbana que caracteriza el problema de la construcción democrática de la ciudad hoy. Por un lado, están los que, al igual que Borja, le dan valor a un movimiento social urbano en tanto este sea capaz de levantar propuestas considerando las tendencias y el beneficio de toda la ciudad.

“Entonces, el tema es cuál es la oportunidad. Tenemos que pensar ahora que hay un proceso de gentrificación muy grande en Santiago y hay que tomarlo de manera estratégica, responsable y profesional para ver cómo podemos transformar este movimiento en algo positivo. Claro, están viniendo los inmobiliarios, están interesados en Lo Espejo, por algo están planteando más densidad, entonces ¿esto es malo?, ¿es terrible?, yo creo que esto es una alternativa y una posibilidad de algo y ese algo hay que darle una forma y no podemos sesgarnos a proyectos conservadores” (Participante, FP Nº 1).

“Mi sensación es que no propone. Defender la historia de la Caro sin pensar el proceso de densificación de la ciudad a largo plazo es muy difícil y son fenómenos de cualquier ciudad del mundo” (Secretaria General HIC).

Por otro lado, están los que, si bien comparten el diagnóstico sobre el carácter restringido de la defensa en la José María Caro, no llegan a descalificarla, ya que visualizan la potencialidad transformadora de esta explosión de reacciones locales, centrando el análisis en el proceso y su contexto, no en sus propuestas específicas.

“Yo creo que el conflicto con el plano regulador es un reporte de la realidad humana. Jordi [se dirige a él], mira esto desde otra perspectiva: estamos hablando de dos enfoques y de dos aproximaciones diferentes, una en la que hay planificación urbana y otra donde solo hay intención urbana de modificar la realidad. Lo que está implícito en lo que dice Jordi Borja es que hay un proyecto de ciudad y acá [en Santiago] no hay un proyecto de ciudad” (Participante, FP Nº 1).

“[...] la participación urbana ha pasado de una etapa de perplejidad a una de participación y ahora a una etapa de participación que pretende ser vinculante [...] Si ustedes no se empoderan del lugar no vamos a poder negociar porque no tendrían ninguna parte del poder” (Participante, FP Nº 1).

Ahora, ¿qué nuevos mecanismos genera la Coordinadora para enfrentar esta crítica? Según lo observado, esta experiencia solo crea una nueva fuente de desconfianza hacia un sector que antes se percibía como aliado: los académicos. Porque la descalificación no solo impacta profundamente la autoestima colectiva reconstruida, sino que principalmente amenaza con debilitar el argumento de la Coordinadora, amenazando el avance hacia la legitimización definitiva de su lucha –que a esas alturas ya había conseguido la aprobación del nuevo Estudio de PRC por la SEREMI Metropolitana–: Borja con sus argumentos urbanos, indirectamente, da la razón a la contraparte municipal.

“[...] si eso hubiese llegado a oídos del alcalde y del concejo, tenlo por seguro que perdemos la pelea. De ahí que los ánimos al interior de la Coordinadora se exacerbaron, porque siempre supimos el respaldo de la gente... en ese contexto no podíamos ser liquidados por una situación tan estúpida, ya que ellos podían haberse quedado con la opinión de que un destacado académico español les daba la razón. Gracias a Dios ello no ocurrió” (Líder CPJMC).

“Hubo un movimiento muy fuerte de arquitectos, incluso vino un español que venía con un plan regulador de España que [lo único que quieren] es construir hacia arriba, desarrollo urbano hacia arriba. Ahí nos trataron de egoístas, que no estábamos mirando el desarrollo de la comuna de Lo Espejo, que estábamos siendo personas que no les gustaba el desarrollo... Sí, quedamos marcados. Lo que dije anteriormente, la mafia nuevamente. Pero si nos llegan a llamar de nuevo vamos a ir preparados” (2º Director CPJMC).

De esta manera, no estamos solo ante una discusión teórica e incluso epistemológica, sino también ético-política. Por una parte se genera una controversia entre dos concepciones de bien común urbano y, por ende, entre argumentos que necesitaban reconocerse mutuamente. Pero también se abre un debate sobre las plataformas a partir de las cuales se busca generar este acercamiento, ya que, por no visualizar la complejidad de los procesos individuales, colectivos y políticos involucrados, pueden terminar, paradójicamente, desincentivando el interés de estas agrupaciones por este tipo de encuentros, profundizando aún más su fragilidad y desconfianza.

Esta perspectiva coincide plenamente con la evaluación que hacen otros líderes de organizaciones consultados respecto a la lucha desarrollada en Lo Espejo: su descalificación sólo respondería a la visión restringida de “lo colectivo” subsistente en Chile, que no lee en las acciones puntuales la configuración de algo nuevo, ni en sus “equivocaciones” la intervención de aspectos sistémicos, entre ellos, la ausencia de una política de desarrollo urbano.

“[...] nunca hay fracasos en esto, porque el hecho mismo de haberse organizado, legitima y valida que es posible la vía de la participación [...] hay una desproporción tan grande entre lo que el ciudadano puede hacer para cambiar lo que el modelo impone, que uno muchas veces [se frustra], pero [...] en realidad el paso que se dio fue grandioso. Ahora, si lo hicieron erradamente, si no fueron bien asesorados, si ellos mismos no tuvieron la visión o la estrategia necesaria del momento, y por las condiciones en que estaban, es [distinto], pero el hecho de que ellos se constituyeran como tal, que ellos mismos asumieran esta condición ciudadana de tener derecho a proponer o a oponerse ya es una ganancia” (Líder Red de Ciudadanos por Ñuñoa).

En este sentido, visualizan un proyecto implícito en la gestión de la Coordinadora, sin el cual quizás nunca habría encontrado eco en la emergente red de agrupaciones con interés urbano que ayuda a fundar.

“La (Coordinadora de Pobladores) José María Caro hizo su trayectoria partiendo desde esta posición defensiva hasta que se integró a otros cuestionamientos sobre la ciudad, por lo tanto se articuló, dejó de ser exclusivamente una defensa del interés propio para convertirse en una defensa de un modo de habitar la ciudad y, por lo tanto, de producirla, en el terreno político y en el terreno de las formas urbanas, del modelo urbano, objetivo que no está totalmente perfilado, pero uno lo ve y se lo imagina” (Jefa de Proyecto Plan Regulador Lo Espejo, SEREX).

“Esto es lo que pasa en un movimiento social, hoy es disperso, cada uno de nosotros viendo su propio territorio. El movimiento social existe pero no hay una organización ni una coordinación, no hay un instrumento único que nos convoque a luchar todos juntos y a asumir la diversidad y complejidad que tenemos, porque hoy no es como antes y uno de los temas que lo demuestra es el tema de los planos reguladores, hemos logrado sentarnos a conocer otras experiencias que han sido maravillosas, o sea hoy día de nuevo estamos peleando el derecho a vivir en la ciudad” (Líder Coordinadora de Pobladores de Pedro Aguirre Cerda, FP Nº 3).

 

La revitalización del “nosotros” más allá de los barrios críticos: el despertar de la cuestión urbana en Chile

Las instancias de debate en las cuales la Coordinadora participa activamente van gestando una red de organizaciones urbanas, cuyo primer paso fue construir un lenguaje común respecto a la crisis de la ciudad y de sus procesos de toma de decisiones.

“En 2006 – 2007, no es que hayan aparecido los planes reguladores, aparecieron los ciudadanos preocupados por la planificación del territorio. Se ha traducido en el plan regulador comunal, que es el instrumento, pero el tema es otro, el tema es cómo yo construyo ciudad” (Jefe Unidad de Desarrollo Urbano e Infraestructura, SEREMI Metropolitano de Vivienda y Urbanismo).

Este lenguaje común –que concuerda llamativamente con el discurso de las contrapartes cuando sitúan desde su perspectiva académica– se centra en tres aspectos principales de la situación urbana santiaguina:

 

Hacer ciudad sin los ciudadanos

Existe la percepción generalizada de una “dictadura urbana”, que se refleja en leyes antidemocráticas que desincentivan la participación ciudadana por miedo a los conflictos urbanos. En este sentido, se permite que las autoridades planifiquen los territorios sin conocerlos ya que la identidad espacial es un elemento irrelevante; lo cual, paradójicamente, se transforma en la principal causa de conflictos de PRC en la ciudad. Como ya se ha visto, las estructuras de poder desconocen o descalifican los proyectos ciudadanos de ciudad, reduciendo la interpretación de los conflictos a un choque entre fuerzas de conservación con fuerzas de innovación. Por lo tanto, los ciudadanos obtienen elementos para construir su propia interpretación de la situación: los PRC no son para los habitantes sino para las empresas inmobiliarias.

“Nosotros nos dimos cuenta que todos teníamos los mismos problemas... Hemos ido ganando con esto un lenguaje [y] con el lenguaje uno crea realidades... Nosotros tenemos que decir que queremos una modernidad de verdad y democrática que incluya a la persona con sus aspiraciones para nuestras calles, barrios y poblaciones. En todo el mundo hay comunidades que están en esta misma pelea [...] no hagamos lo del plan regulador y lo de las autopistas como peleas diferentes, porque son lo mismo. Esta es una ciudad excluyente y antidemocrática que nos trata de imponer. Todos tienen un precio y se venden y la idea es que nosotros no tengamos precio y no nos vendamos y defendamos el territorio, nuestro espacio, nuestra historia, nuestro pueblo, nuestra sociedad y que el maldito capitalismo de las grandes empresas no nos arrase” (Presidenta Ciudad Viva, FP Nº 3).

“Las personas tienen muchas inconformidades con la ciudad y el entorno tal como es ahora. Ven que está siendo transformada sin saberlo. Hay una sensación de que no estás controlando lo que pasa en tu entorno. Ibas a dejar a tu hijo al colegio a pie y ahora no puedes porque hay una autopista. En Chile no hay espacios para otras visiones de la ciudad” (Subdirectora SEREX).

 

Ausencia de política de desarrollo urbano como política neoliberal

Entendiendo que el Ministerio de Vivienda (MINVU) no define una visión de ciudad, sino metas a cumplir –como es el caso de la actualización de los PRC a nivel nacional–, y que la SEREMI Metropolitana se define como un organismo técnico cuya principal función es “hacer cumplir la norma”, Santiago aparece como una ciudad sin política de desarrollo urbano. Sin embargo, para estas agrupaciones urbanas la SEREMI Metropolitana no tiene un rol neutro, ya que establece que la función principal del PRC sea atraer inversión e ingreso al territorio, lo cual demasiado a menudo se evalúa según su capacidad de incentivar / desincentivar la inversión inmobiliaria. En consecuencia, la visión de ciudad del MINVU y de la SEREMI Metropolitana es la de un desarrollo urbano en base a la actividad inmobiliaria.

“Lo que pasa es que, sobre todo en los últimos años, las inmobiliarias están muy apoyadas por los planes urbanísticos del Ministerio de Vivienda” (Encargada comunicaciones CPJMC).

“Ellos (la Coordinadora) cuando hablan de los intereses inmobiliarios y que el Estado los avala, están haciendo un diagnóstico cierto en base a lo que ven [porque] el Ministerio de Vivienda completo no tiene ninguna visión de ciudad. Ellos quieren tener una región con todas las comunas con plan regulador [y] la visión que tiene la SEREMI del desarrollo urbano es un desarrollo urbano que se basa en la actividad inmobiliaria” (Subdirectora SEREX).

“[...] es un fenómeno bastante general que va avanzando. Por suerte surgen estas formas de expresión para resistir a la no existencia de una política de desarrollo urbano” (Secretaria General HIC).

Porque, además, no existe planificación estatal que contenga la expansión de la ciudad y, como herencia de la dictadura, la planificación urbana está atomizada por comunas en base a un instrumento vulnerable que puede ser fácilmente transformado con planos seccionales y enmiendas. Luego, junto a la imposibilidad de construir ciudad desde una lógica sectorial de gobierno, y sus respectivos conflictos internos, la función técnica de la SEREMI Metropolitana aparece como una pantalla para ocultar su función ideológica, que es respaldar normativamente una lógica estrictamente capitalista de producción y reproducción urbana34.

“Eso fue lo que yo defendí [frente] a... la SEREMI de la época. Porque [según ellos] uno funciona con el valor del suelo, con las dinámicas urbanas. Ella decía que cómo era posible que la gente no se dé cuenta de la oferta que les estábamos haciendo, la oportunidad de su vida, enriquecerse a través de las dinámicas urbanas, el cambio del valor de suelo y las rentabilidades... que es un discurso neoliberal en que la Concertación nos tiene apretados. Pero el valor que da la sociedad, la gente, no es ese. El meollo fue que este lugar no tiene precio, por lo tanto, lo que se haga aquí no se juega en el valor de los intercambios y la rentabilidad urbana, sino en el valor simbólico, en la historia con la que este lugar está cargado” (Jefa de Proyecto Plan Regulador Lo Espejo, SEREX).

 

Trasformaciones socioterritoriales

Desde esta perspectiva, se entiende que Lo Espejo y otras comunas de la antigua periferia “ya no son patio trasero”, sino centro. A partir de una dinámica creciente de expansión urbana generada por demanda artificial, se inicia una nueva fase de expulsión forzada de pobladores promovida por el gobierno.

“Este fue el orden establecido en el cual pusieron [en los ’60] a vivir a mucha gente. Lo que pasa es que cuando el progreso llega a este lugar que ya no es periférico, se pretende liberar el plan regulador al mercado. Este es el contexto. Así funciona, se abren las posibilidades normativas para que el mercado resulte atractivo y pueda terminar expulsando a los habitantes” (Participante, FP Nº 1).

En este contexto, se abre un debate respecto a las posibilidades de desarrollo inmobiliario en comunas como Lo Espejo. Por un lado, se identifican atractores de inversión ligados a la localización y a la conectividad, apreciación compartida por los habitantes de Pedro Aguirre Cerda, aledaña a Lo Espejo, donde se ubica la población La Victoria. En este sentido, los pobladores son capaces de leer tendencias inmobiliarias que anticipan cambios en sus áreas de influencia, utilizando como referentes concretos la situación de la comuna de San Miguel35 y el proyecto “Ciudad Parque Bicentenario”.

“‘El año pasado asesoramos a una importante compañía en la compra de un terreno en el sector para un conjunto de departamentos, y fue imposible porque el precio se había duplicado en poco tiempo’, recuerda un consultor inmobiliario. Buena parte de estas expectativas han sido alimentadas por el Portal Bicentenario, la mayor iniciativa urbana lanzada por el gobierno y que busca transformar las 245 hectáreas del Aeropuerto de Cerrillos en un gran desarrollo inmobiliario residencial, con influencia en todo su entorno, incluido Maipú, Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo, incluida la Población José María Caro, al frente del proyecto. Una cercanía que ha complicado a los promotores de esta obra. De hecho, un estudio encargado por su gerencia a las firmas Novaterra y Transsa afirmó que ‘el entorno de Cerrillos hoy día es valorado negativamente’, motivo por el cual recomienda ‘manejar estas externalidades del entorno del proyecto, considerando la presencia de zonas industriales y poblaciones marginales con un ordenamiento que proteja sus bordes’...” (Diario La Segunda, 10 de junio de 2005, DP Nº 21).

 

Figura 5. Inversión público-privada en el entorno de la comuna de Lo Espejo

Fuente. SEREX, 2005-2006.

 

Por otro lado, se identifican factores que, en este contexto, desencadenarían la expulsión de los pobladores, ya que en sí mismos se constituyen como detractores para el desarrollo inmobiliario proyectado en la zona: el estigma socioterritorial; un ingreso y tasa de motorización baja que disminuye la rentabilidad de las autopistas concesionadas; el deterioro interno de los espacios públicos y la vialidad; la pérdida relativa de población; el bajo precio del suelo; la escasez de sedes bancarias; y la percepción de acciones segregadoras en su entorno inmediato, como la construcción de autopistas y mantención de línea férrea sin pasos peatonales.

“La gran afluencia de autopistas hacia todos los puntos de la ciudad que hay en este sector pronosticaba que iba a ser muy fácil llegar al centro [en corto tiempo]. Pero la gente de acá no tiene auto, los autos que hay frente a las casas [suelen estar malos]. El hecho de tener estas autopistas en este sector no garantiza su uso, la gente que va a llegar acá tendría que tener auto, y [presupuesto] para usarlas y pagar el TAG36 (Encargada comunicaciones CPJMC).

“Hace 1 año la SEREMI nos argumentaba en una audiencia pública que nosotros íbamos a ser beneficiados por esto, por los parques. El problema es que no podemos pasar porque hay una sola pasarela por la autopista General Velásquez” (Líder CPJMC, FP Nº 1).

Con todo, algunos expertos consideran muy improbable el desarrollo inmobiliario en el área, ya que al estigma socioterritorial se suma un argumento aún más relevante: las poblaciones están habitadas por una gran cantidad de propietarios, desplegados en el territorio con una alta densidad, ante lo cual los costos de transacción para los inmobiliarios serían altísimos en relación a otros terrenos igualmente atractivos en la metrópolis. Por lo que el argumento de localización y conectividad sería irrelevante para el principio de eficiencia, en tanto justificación que guía la toma de decisiones de las empresas inmobiliarias.

 

Conclusión

El programa “Barrio Seguro” del Ministerio de Interior de Chile fue discontinuado a inicios del gobierno de Michelle Bachelet (2006). Esto podría sugerir que la categoría de “barrio crítico” no está vigente. Sin embargo, el problema de la fragmentación de los vínculos comunitarios por efecto de la violencia organizada y la delincuencia a nivel barrial sigue siendo materia de preocupación pública. De esta manera, este trabajo busco aportar con algunos elementos para mejorar la comprensión y, por ende, la intervención de la “fragmentación comunitaria” en barrios críticos.

En primer lugar, esta investigación entrega evidencia de que aún existen materiales disponibles para la reconfiguración de lo colectivo. El espacio de vida les otorga poder de emancipación a estos pobladores, y la posibilidad de ejercer una policía de opciones (política de vida). Por lo tanto, resulta evidente que sea defendido. Luego, no es lo colectivo lo que está en peligro, sino las posibilidades urbanas para su reconstrucción: muchos están de acuerdo en las injusticias, pero se ha demostrado que esto no es suficiente. Hoy en día, pocos tienen acceso a otros materiales que otorguen fortaleza a las identidades colectivas, tales como memoria, calidad de vida social y funcional relativa con respecto a otros sectores pobres de la ciudad. Además, la reconstrucción de identidades colectivas no se configura solo desde los vínculos fuertes, sino también desde los vínculos débiles, de modo relacional, incorporando una visión urbana. Tensión que nunca deja de “estrangular” el movimiento social y sus sujetos.

En general, al instaurar en su discurso el tema de la ciudad, el argumento de la Coordinadora trasciende la escala particular, fundando la pregunta sobre quiénes son los responsables de responder a la pregunta ¿cómo queremos vivir en la ciudad ahora que accedimos a ella? En este sentido, plantean que la ciudad debe permitir a todos por igual tener la libertad de elegir cómo se quiere vivir, y dónde y cuándo irse; es decir, una ciudad con garantía de justicia, ya no centrada en el acceso sino en la pérdida arbitraria. Ahora, ante la ausencia de política de desarrollo urbano, el PRC queda como el único instrumento concreto actualmente accesible que permite a la ciudadanía refundar la lucha colectiva por el derecho a la ciudad. Así, paradójicamente, un instrumento tan limitado y único como son los PRC, gatilla la revitalización de las identidades colectivas de los “barrios críticos”, y el despertar de la cuestión urbana en Chile. En este contexto, se hace aún más evidente que para avanzar en la comprensión y transformación de los “barrios críticos”, se requiere ampliar la visión mezquina de lo “político” en Chile.

Porque los pobladores se dan cuenta de su situación espacial privilegiada y la defienden: primero una casa, pero después una historia, un estilo de vida, una rutina, un estándar de vida, un espacio que está en extinción. Por lo tanto, no se movilizan para superar una carencia, sino para conservar una ganancia construida colectivamente: los pobres de ayer adquieren un nuevo status en relación con un “afuera” que se desarrolla con patrones excluyentes: la ciudad neoliberal, que los hace sentir privilegiados de tener algo que defender, pero, paradójicamente, los convierte nuevamente en personas vulnerables. Cuando se dan cuenta de eso, se comienza a reconstruir la acción colectiva.

 

Notas

2 Binimelis y Quintana, 2006.
3 Garcés, 2002.
4 Arendt, 1993.
5 Cabe mencionar que, si bien la intervención se focalizó en los sectores E y F cuyas condiciones socioeconómicas les otorgaban características específicas de marginalidad dentro de la propia población (Martínez Mercado, 2007), la bibliografía especializada y las fuentes de información con las cuales se elaboró esta investigación no hacen distinciones significativas entre sectores al momento de describir los efectos asociados a la violencia y al narcotráfico en los habitantes de la población. Por esta razón, se opta por mantener a la población completa como unidad de análisis.
6 Ruiz, 2008.
7 Lunecke, 2006.
8 Binimelis y Quintana, 2006.
9 Entre otras, "La Victoria" ubicada en el adyacente municipio de Pedro Aguirre Cerda, y "La Legua Emergencia", ubicada en el municipio de San Joaquín.
10 Lunecke, 2006; Martínez Mercado, 2007; Ruiz, 2008.
11 Lunecke, 2006.
12 Salazar, 2003.
13 Ruiz, 2008.
14 Touraine, 2005; Fitoussi y Rosanvallon, 1997; Ramonet, 2001; Bauman, 2001a; Bauman, 2001b; Sennett, 1980; 1998; 2001; 2002; Dubet y Lustiger Thaler, 2004.
15 Castel, 1997.
16 Lechner, 2000.
17 Dubet, 2004.
18 Dubet y Lustiger Thaler, 2004.
19 Fitoussi y Rosanvallon, 1997; Beck, 2002.
20 Giddens, 1994, p. 290.
21 Arendt, 1993; Giddens, 1994.
22 Bourdieu, 1999.
23 Ducci, 2004.
24 Por ejemplo, "Agrupación Defendamos Plaza Las Lilas", "Agrupación de Vecinos Barrio Pedro de Valdivia Norte" (No al túnel en el Cerro San Cristóbal), "Agrupación Ciudadanos en Defensa de San Ramón" (rechazo al Plan Regulador Comunal), "Red Ciudadana por Ñuñoa" (No a la Masacre Urbana), "Agrupación de vecinos de las comunas de La Reina, Peñalolén y Ñuñoa" (No a la construcción de la Autopista Vespucio Oriente en Superficie), "Agrupación Salvemos Vitacura" (rechazo a las modificaciones del Plan Regulador Comunal), "Vecinos por la defensa del Barrio Yungay" (rechazo a las modificaciones del Plan Regulador Comunal de Santiago), "Coordinadora de Pobladores José María Caro" (rechazo al Plan Regulador Comunal de Lo Espejo).
25 Ministerio de Vivienda y Urbanismo, 2010.
26 SEREX, 2004-2005, p. 48.
27 Paso público entre dos calles principales, característico de la morfología espacial de la Población José Maria Caro.
28 Sennett, 2002.
29 Mongin, 2006.
30 Suárez y Melillo, 2001.
31 Giddens, 1994.
32 Castells, 1998.
33 Bourdieu, 1999, p. 557.
34 De Mattos, 2002
35 San Miguel es una comuna residencial y comercial ubicada en el centro-sur de la conurbación del Gran Santiago de Chile. Limita con las comunas de Santiago por el norte, San Joaquín por el este, San Ramón y La Cisterna por el sur y Pedro Aguirre Cerda por el oeste (www.wikipedia.org). En el año 2005, un grupo de vecinos crea la Agrupación de Defensa del Patrimonio Urbanístico y Habitacional de San Miguel a raíz del inquietante panorama que trajo consigo la explosión demográfica sin control, originada por la edificación desmesurada en altura (http://defendamossanmiguel.blogspot.com).
36 Dispositivo electrónico que se instala en el parabrisas de cada vehículo y emite señales magnéticas que permiten realizar el cobro de peaje, sin necesidad de que el automóvil se detenga (www.autopistacentral.cl).


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Fecha de recepción: 12.11.11
Fecha de aceptación: 23.03.12