doi 10.4067/S0718-83582012000100002

El uso de la teoría de la desorganización social para comprender la distribución de homicidios en Bogotá, Colombia¹

Gipsy Escobar²

² Estados Unidos, Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia), Magíster en Justicia Criminal del John Jay College de Justicia Criminal y del Graduate Center de la Universidad de Nueva York. Profesor Asistente en el Departamento de Justicia Criminal y miembro del Graduate School de la Universidad de Loyola, Chicago.

Resumen

Dentro de la desorganización social se ha identificado a la desventaja social como uno de los más fuertes y coherentes predictores de homicidios a nivel macro en áreas urbanas de los Estados Unidos. Sin embargo, investigaciones llevadas a cabo en áreas urbanas de América Latina sugieren que los efectos de la desventaja social y desorganización podrían diferir en esta última región. Este trabajo, mediante el estudio de datos espaciales, analiza los efectos de la desventaja social y la habilidad que poseen las comunidades para obtener recursos externos (control público) respecto a las tasas de homicidios a nivel de barrio en Bogotá, Colombia. Para este efecto se utilizan datos obtenidos de diversas fuentes, incluyendo cifras oficiales de homicidios, información sobre el censo 2005 y entrevistas. Estos resultados sostienen en forma parcial la teoría de la desorganización social: mientras la concentración de desventajas sociales, y el aislamiento y desorden social parecieran predecir altos índices de homicidios, la disponibilidad de servicios públicos básicos (indicador de control público) muestra un efecto negativo sobre la variable dependiente. También se observan resultados inesperados: mientras la presencia de agencias de control social (policía y unidades de resolución de conflictos) predicen altos niveles de homicidios, la proporción de jóvenes de sexo masculino y la densidad de la población suponen bajos índices de delincuencia. La existencia de estructuras criminales (pandillas, milicias, organizaciones de tráfico de drogas y armas) y el número de desplazados por el conflicto no inciden mayormente en la muestra. Asimismo, este estudio discute las implicaciones de este tema en el desarrollo de teorías y políticas.

PALABRAS CLAVE: TASAS DE HOMICIDIOS; CONCENTRACIÓN DE DESVENTAJAS SOCIALES; CONTROL PÚBLICO; DESORGANIZACIÓN SOCIAL; BOGOTÁ

Introducción

Investigaciones en el campo de la tradición ecológica sostienen que las diferencias entre las características socio-estructurales de distintas comunidades producen una variación en las tasas de criminalidad y delincuencia. A principios del siglo XX, Shaw y Mckay observaron que los barrios de Chicago con los mayores índices de pobreza, movilidad residencial y heterogeneidad de valores tenían más probabilidades de presentar mayores tasas de delincuencia. Estas comunidades fueron catalogadas como socialmente desorganizadas, hecho que las convirtió en espacios menos eficientes a la hora de ejercer control social y en lugares donde primaba la criminalidad sobre la prosperidad, la estabilidad y la homogeneidad³.

Estudios posteriores criticaron este enfoque por centrarse exclusivamente en la dinámica interna de las comunidades, ignorando los procesos políticos y económicos externos, así como las decisiones que les habían dado forma⁴. Bursik y Grasmick propusieron un enfoque sistémico centrado en la desorganización social como una forma de explicar las interacciones que ocurren entre las redes internas de una comunidad y el mundo exterior al momento de regular el comportamiento. El Modelo Sistémico de Control del Crimen sugiere que las redes sociales ejercen control social sobre tres niveles independientes pero interconectados entre sí. El primero y más básico de estos niveles se observa dentro de las redes privadas (familia, amigos y vecinos), espacios donde se transmiten expectativas de comportamiento aceptable y donde es posible controlar el actuar de niños y adolescentes. La siguiente esfera de control, comprendida por el nivel local, representa la habilidad de una comunidad para supervisar las acciones de residentes y visitantes; este control es ejercido por redes interpersonales más amplias (asociaciones de vecinos, grupos de inquilinos, asociaciones de padres y profesores, grupos de seguridad vecinal) y la participación en instituciones locales (iglesias, colegios y organizaciones voluntarias). Por último, el nivel de control público reúne a las esferas privadas y locales dentro de un sistema integrado a la estructura ecológica de una ciudad. De esta manera, el control público representa la habilidad de una comunidad para garantizar servicios y recursos que son administrados y distribuidos por agencias externas. En general, estos recursos son limitados y las comunidades locales deben competir entre sí para obtener dichos bienes⁵.

La ecología criminal ha sido ampliamente estudiada en los Estados Unidos y en el mundo angloparlante (Canadá, Inglaterra, Australia). Sin embargo, en el último tiempo se ha visto un incremento en el análisis de teorías de ecología criminal en lugares tales como China y América Latina. Sin ir más lejos, en octubre de 2011 esta Revista organizó una conferencia sobre violencia en barrios latinoamericanos en Santiago, Chile. En ella se analizaron más de cuarenta estudios sobre indicadores de violencia a nivel de barrio en la región. De este número, una tercera parte de los trabajos presentados utilizó un enfoque ecológico. A pesar del creciente interés en la ecología del crimen en América Latina, se ha registrado un bajo número de investigaciones que utilizan este marco conceptual para el estudio de la violencia en Colombia. Investigadores de aquel país han centrado su atención en separar la violencia política de otros tipos de violencia a nivel nacional, regional y local, y a evaluar los efectos de políticas locales sobre índices de crímenes violentos. Exceptuando a Cerdá, Morenoff, Duque y Buka⁶, no existen estudios basados en un marco teórico ecológico diseñado para analizar el potencial efecto de las variables socio-estructurales sobre la violencia urbana en Colombia. Asimismo, investigaciones sobre la ecología del crimen en los Estados Unidos y otros países se han centrado principalmente en examinar las consecuencias de la cohesión social y la eficacia colectiva –contenidas dentro de las esferas de control privadas y locales–, poniendo poco énfasis en la exploración de los efectos que el nivel de control público puede tener sobre crímenes violentos.

El presente estudio pretende ser una contribución dentro de esta área de estudio mediante el análisis empírico, a nivel latinoamericano, de las teorías de ecología criminal desarrolladas en los Estados Unidos. Esta investigación utiliza una serie de fuentes para explorar los efectos que indicadores de desorganización social tales como concentración de desventajas sociales, desorden social y movilidad residencial pueden tener sobre la distribución espacial de la delincuencia en Colombia. Adicionalmente, se proponen alternativas para contrarrestar la desorganización social que, si bien son análogas a las utilizadas en el caso norteamericano, representan de mejor manera la realidad social y disponibilidad de información en este país. Este trabajo también analiza el potencial efecto que el nivel de control público puede tener sobre la victimización provocada por homicidios y mide el posible rol distractor generado por la presencia de pandillas o milicias irregulares que compiten con autoridades locales por ejercer control social a nivel local. Por último, existe un gran número de estudios sobre desorganización social que analizan solamente la geografía mediante el uso de modelos multinivel que miden el contexto comunitario de comportamiento individual. Sin embargo, estas técnicas no representan el efecto que una comunidad puede tener sobre otra. Este estudio utiliza el análisis de datos espaciales para centrarse exclusivamente en la ubicación y disposición geográfica de comunidades, permitiendo la estimación de autocorrelación local entre barrios y el control del efecto que las distintas comunidades tienen entre sí.

Revisión bibliográfica

Esta sección muestra las investigaciones sobre predictores socio-estructurales de criminalidad, centrándose en las más estudiadas y de mayor importancia para la exploración de la relación existente entre desorganización espacial y homicidio en América Latina.

Concentración de desventajas sociales

La concentración de desventajas ha sido generalmente definida como la concentración espacial de pobreza y otro tipo de desventajas tales como analfabetismo, desempleo y disrupción familiar en un número limitado de barrios ubicados dentro de una ciudad⁷. Se ha especulado que la desorganización social está contenida dentro de este concepto y que la consecuente probabilidad de crímenes provocados por la alta cifra de desempleo en comunidades de bajos ingresos reduce la cantidad de modelos adultos positivos a seguir y la disponibilidad de empleo para los jóvenes. Así, el flujo intergeneracional de valores se ve afectado en estas comunidades, cuyos residentes terminan reconociendo la agresividad masculina como una forma válida para lidiar contra falta de oportunidades y como un medio de generación de identidad social⁸.

Asimismo, la concentración de hogares liderados por mujeres con hijos, además de una alta tasa de divorcios, reduce la habilidad de una comunidad de supervisar a su población joven principalmente debido a que el promedio de niños que necesitan ser observados es mucho mayor que en comunidades con mayores recursos⁹. Adicionalmente, el efecto combinado de los índices de desventaja y criminalidad fomenta la inestabilidad y el deterioro en este tipo de barrios¹⁰. Este proceso finalmente afecta tanto la solidez de los vínculos sociales como las instituciones de una comunidad, dañando su base política y su habilidad de dialogar con otras entidades locales para garantizar una distribución justa de recursos y servicios públicos¹¹.

Estudios muestran que el índice de concentración de desventajas es uno de los más coherentes predictores de violencia en los Estados Unidos. Sin embargo, trabajos recientes sugieren que los efectos provocados por la desventaja podrían ser distintos en los centros urbanos de América Latina debido a la forma en que los asentamientos pertenecientes a grupos de bajos ingresos se desarrollaron en estas ciudades. De hecho, desde los años ’30, una sucesión de crisis económicas que han golpeado al sector agrario, sumado a la aparición de conflictos entre el Estado y fuerzas irregulares en algunos países latinoamericanos, como por ejemplo Colombia, han producido una serie de migraciones desde áreas rurales hacia las ciudades principales. A diferencia de los Estados Unidos, donde los inmigrantes se establecieron en los centros industriales de grandes ciudades, los inmigrantes rurales latinoamericanos se instalaron en las afueras de las áreas urbanas. Villarreal y Silva sostienen que los residentes de este tipo de asentamientos improvisados en Belo Horizonte, Brasil –muchos de los cuales aún no cuentan con servicios básicos– dependen mutuamente del otro para poder sobrevivir, generando densas redes sociales dentro de estas comunidades desposeídas¹². En esta línea, Cerdá et al. sugiere que estos procesos, “combinados con la consiguiente necesidad de lucha tanto por la posesión de tierras ocupadas ilegalmente como por el acceso al agua, significó que muchos barrios de escasos recursos en Medellín se convirtieran en lugares altamente organizados a nivel social”¹³. No obstante, estas comunidades aún muestran altas tasas de crímenes violentos. De hecho, estos dos estudios observaron que la cohesión social y la eficacia colectiva están positivamente asociadas a los conceptos de desventaja, desorden y violencia.

En resumen, comunidades que se encuentran en distintos contextos sociales y culturales recurren a distintas estrategias para hacer frente a condiciones de concentración de desventajas sociales. Sin embargo, el concepto de barrios desfavorecidos parece incrementar las probabilidades de una comunidad de experimentar altas tasas de delincuencia y desorden en comparación con comunidades que cuentan con más recursos, sin importar el contexto cultural.

Movilidad residencial

El concepto de movilidad residencial es tal vez una de las nociones más antiguas dentro de la literatura de la ecología del crimen. Los primeros estudios llevados a cabo por Burgess¹⁴ y Shaw y McKay¹⁵ sostienen que la movilidad residencial es un indicador de desorganización social debido a la lentitud del proceso de generación de vínculos sociales, esto quiere decir que las personas, al estar en constante desplazamiento dentro y fuera de la comunidad, no cuentan con el tiempo para construir relaciones confiables y significativas. La estabilidad residencial, concepto opuesto a movilidad residencial, facilita la transmisión de valores intergeneracionales y la consiguiente creación de redes sociales que entregan a las nuevas generaciones oportunidades para mantener o mejorar su estatus social¹⁶. Asimismo, la estabilidad residencial incrementa la participación de los residentes dentro de la comunidad, el establecimiento de objetivos comunes y la resolución de problemas colectivos¹⁷.

La movilidad residencial, generalmente medida como el porcentaje de residentes de cinco o más años de edad que han cambiado de residencia dentro de los últimos cinco años, ha sido negativamente asociada a la cohesión social y a la satisfacción de la población¹⁸ y positivamente vinculada a la desventaja¹⁹, tasas de delincuencia²⁰ y crímenes violentos²¹.

Desorden social

Este concepto puede ser definido como la violación de un acuerdo tácito sobre normas de comportamiento público, de hecho, el desorden social es determinado por el comportamiento de grupos de adolescentes congregados en esquinas, prostitutas y mendigos, consumo de alcohol en la vía pública, acoso verbal hacia las mujeres, apuestas y consumo de drogas, entre otros. De esta forma, el desorden social visible es un indicador de desorganización a nivel comunitario debido a la falta de compromiso de sus residentes para trabajar en equipo a la hora de resolver problemas comunes²². Bursik y Grasmick agregan que, a medida que el desorden social afecta la acción colectiva, se reducen las capacidades regulatorias de una comunidad y la habilidad de conseguir recursos externos para prevenir un deterioro mayor²³.

Se ha presentado el ejemplo del desorden social para (1) mediar el efecto de factores socio-estructurales sobre la delincuencia²⁴ y para (2) demostrar el efecto indirecto sobre tasas de criminalidad al producir una baja en los niveles de interacción vecinal y confianza mutua²⁵.

Condiciones socio-estructurales y estudios sobre homicidios en Colombia y Bogotá

La figura 1 muestra un fuerte incremento en el índice de homicidios cometidos cada 100.000 habitantes en Colombia, comenzando en el año 1985 (42), llegando a su máximo en 1991 (81) y luego mostrando un descenso asimétrico hasta llegar a los niveles pre 1985 en el año 2007 (39). Si bien ha presentado históricamente una tasa de homicidios más baja en comparación con el total del país, la ciudad de Bogotá ha experimentado un patrón similar, llegando a su punto máximo en 1993 (81) y luego descendiendo hasta llegar a la cifra de 17 homicidios cada 100.000 habitantes en 2009. Durante muchos años, investigadores colombianos atribuyeron estos niveles de violencia al conflicto armado interno en las zonas rurales y a la violencia interpersonal en áreas urbanas. Sin embargo, un informe del Banco Mundial demostró que durante los años ’90 sólo el 20 por ciento de los homicidios estaban relacionados al conflicto interno, y la combinación de flagelos económicos y sociales (pobreza, desigualdad, rápido crecimiento urbano, falta de oportunidades educacionales y de empleo, disrupción familiar y precipitadores situacionales tales como el fácil acceso al alcohol, drogas y armas de fuego) eran responsables del restante 80 por ciento de homicidios²⁶.

Figura 1. Tendencia de la tasa de homicidios en Colombia y Bogotá (1980-2009)

Por otra parte, un estudio de panel encargado de evaluar los predictores de crímenes violentos en Colombia concluyó que los homicidios ocurridos entre 1980 y 1998 en 711 municipalidades fueron determinados por la existencia de interacciones entre grupos armados, actividades ilegales e ineficacia del sistema judicial y que condiciones socio-estructurales (pobreza, desigualdad y exclusión política) producen el mismo tipo de violencia que el generado en otros países bajo las mismas circunstancias²⁷.

En el caso de Bogotá, Llorente et al.²⁸ concluyeron que el 50 por ciento de homicidios se concentran solamente en el 14 por ciento de los datos recogidos por el censo, donde reside un cuarto de la población. Adicionalmente, se sugirió que la composición de la población (proporción de personas de sexo masculino), analfabetismo, tasa de deserción escolar, la presencia de estructuras criminales y mercados ilegales (bienes robados, drogas y tráfico de armas) y la existencia de mercados de alcohol estaban positivamente relacionados a las tasas de homicidios. También se observó una relación negativa entre pobreza (índice de necesidades básicas no satisfechas) y homicidios. Este estudio concluyó que los lugares con mayor gasto público (salud, caminos, seguridad, educación y recreación) per cápita también presentaban altos índices de homicidios²⁹. Sin embargo, otro estudio arrojó una relación opuesta en la cual el gasto público en el sector social (salud, educación y ascenso social) tenía un leve efecto negativo sobre la tasa de homicidios a nivel local³⁰. Finalmente, mediante el uso del análisis de datos espaciales, Formisano concluyó que las variables socioeconómicas no explican la concentración geográfica de los altos índices de homicidios en Bogotá, sin embargo, la distribución de drogas y la presencia de grupos criminales sí eran responsables de estas cifras³¹.

En resumen, el estudio de los predictores socioeconómicos de homicidios no ofrece respuestas claras y, en algunos casos, llega a ser contradictorio. Claramente, la presencia de grupos irregulares, crimen organizado y otras estructuras criminales dificultan la comprensión de crímenes violentos en aquella ciudad y el uso de un enfoque teórico que ha probado ser eficiente en otros lugares puede arrojar nuevas luces en lo que a este debate se refiere.

Modelo sistémico de control del crimen y nivel de control público

Existe un sinfín de estudios dentro de la tradición ecológica enfocados en los efectos del control social informal –contenidos dentro de las redes sociales privadas y locales– sobre el crimen, delincuencia, victimización, miedo a la delincuencia y desorden social. De hecho, existe un consenso general en que los vínculos privados y locales generan altos niveles de cohesión social³², los cuales a su vez predicen altos índices de involucramiento comunitario y bajos niveles de comportamiento negativo³³. Sin embargo, hoy en día investigadores de temas de desorganización social sostienen que la existencia de densas redes sociales es una necesaria, pero no suficiente, condición para ejercer un efectivo control social sistémico³⁴.

Si bien se ha reconocido que el vínculo entre redes privadas y locales a nivel público es esencial para lograr un efectivo control social, solo existe un puñado de estudios disponibles en los Estados Unidos y en el mundo enfocado en el análisis de los efectos del control público sobre las tasas de delincuencia. Sin embargo, la limitada información proveniente de los Estados Unidos sugiere que las comunidades que no son efectivas al momento de recurrir a agencias externas y fallan al adquirir los servicios y recursos requeridos tienen mayores probabilidades de presentar altas tasas de criminalidad, delincuencia y victimización que aquellos barrios que sí tienen éxito al lograr dichas acciones³⁵. Además, los estudios disponibles sugieren que el efecto ejercido por el control público³⁶ y el acceso a instituciones sociales³⁷ sobre la delincuencia varía de acuerdo a unidades ecológicas y podría mediar el efecto de la desventaja y aislamiento social sobre la delincuencia.

De esta manera, las escasas investigaciones disponibles respaldan la asociación negativa entre control público y victimización provocada por la violencia. Adicionalmente, estudios sugieren que los residentes de áreas urbanas tienden más a llamar a la policía que a intervenir en forma directa cuando se trata de resolver problemas vecinales. Alternativamente, se maneja evidencia donde las personas prefieren acceder al nivel de control público que a ejercer control social informal cuando la tranquilidad pública se ve alterada³⁸.

Bursik y Grasmick sostienen que la probabilidad de delincuencia es más alta en áreas donde las redes de control público fallan al entregar servicios a la comunidad. En esta línea, se identifican dos tipos de servicios públicos relacionados al control de la delincuencia. El primero de ellos hace referencia a la relación existente entre el barrio y el departamento de policía, el cual podría tener un efecto más directo sobre la habilidad de una comunidad para controlar la delincuencia. Estudios muestran que a pesar de recibir actitudes negativas en barrios desfavorecidos, la intervención policial es aún considerada como la mejor forma para combatir la delincuencia³⁹. El segundo tipo, comprendido por la distribución de servicios básicos, puede tener un efecto indirecto sobre la capacidad regulatoria de las comunidades ya que mide la fortaleza de los vínculos de un barrio con los gobiernos locales⁴⁰.

Control público y fuentes ilegales de control social

Eventualmente, agrupaciones criminales podrían alterar el control social y provocar una escalada de violencia dentro de una comunidad a través de dos procesos interconectados. El primer proceso implica la cooptación de redes sociales locales para garantizar el control del mercado ilegal local. El segundo proceso involucra a grupos criminales que actúan usurpando funciones estatales con el fin de (1) obtener el apoyo y tolerancia de los residentes locales y (2) facilitar relaciones y reducir los ataques del Estado. En casos extremos, especialmente cuando la presencia estatal es débil, este proceso puede llevar a una total ausencia del Estado.

De acuerdo a Browning, Feinberg y Dietz, vínculos fuertes y el frecuente contacto entre vecinos resultan en “una integración más amplia de delincuentes dentro de redes sociales comunales”⁴¹. Patillo sostiene que residentes que muestran conductas tanto positivas como negativas están relacionados entre sí en un “sistema de redes entrelazadas que precaria y paradójicamente mantienen la paz”⁴².

Según Kubrin y Weitzer, los delincuentes ven una oportunidad en los vacíos de control formal (ya sea percibido o real), aprovechando la oportunidad que se les presenta e imponiendo sus propias formas de control⁴³. Patillo agrega que bandas organizadas contribuyen a mantener el orden dentro de un barrio⁴⁴; asimismo, Arias sugiere que el crimen organizado en las favelas de Rio de Janeiro “entrega servicios a los residentes con el propósito de mantener su apoyo frente a la violencia causada por el tráfico de drogas”⁴⁵.

Estas conclusiones sugieren que los residentes de una comunidad pueden llegar a acuerdos tácitos o explícitos con delincuentes a fin de mantener un mínimo de paz y orden cuando estos últimos cooptan redes sociales locales. Estos tratados afectan las capacidades regulatorias de una comunidad y su habilidad para prevenir la delincuencia y la violencia porque (1) las redes que respetan las leyes se incorporan a las redes criminales, permitiendo la tolerancia de comportamientos ilegales, (2) las estructuras criminales ven la violencia como una opción legítima para regular comportamientos y (3) las personas que acatan las leyes son forzadas a no establecer contacto con personas ajenas, incluyendo autoridades, para resolver problemas vecinales, ya que esta acción podría significar una violación de contrato y una posible respuesta violenta de parte de los delincuentes.

Lugar de estudio y unidades de análisis

Bogotá, capital de Colombia, es la ciudad más poblada del país, con una población de aproximadamente siete millones de personas. De acuerdo al censo 2005, el 69 por ciento de sus residentes tienen menos de cuarenta años y el 13 por ciento de la población está compuesta por hombres con edades que fluctúan entre 15 y 29 años. La distribución étnica de la ciudad mostró ser homogénea, donde solamente el 1,7 por ciento de los residentes se identificó perteneciente a grupos minoritarios (amerindios, gitanos, afrocolombianos). En términos de privación económica, el 4,56 por ciento de la población informó que, durante la semana anterior al censo, estuvo uno o más días sin comer debido a la falta de dinero, mientras que el 9,4 por ciento buscó trabajo durante ese mismo período de tiempo⁴⁶. En lo que a disrupción familiar se refiere, el censo mostró que el 15 por ciento de los hogares con hijos están liderados por mujeres solteras, separadas o divorciadas. También se presentó un alto índice de movilidad residencial, donde el 32 por ciento de los encuestados informó haber cambiado de residencia dentro de los últimos cinco años anteriores al censo. De hecho, el 37 por ciento de los residentes de Bogotá no nació en esta ciudad; de esta cifra, el 13 por ciento se trasladó hacia la capital durante los cinco años anteriores al censo. Además, de este número de personas, el 28 por ciento aseguró tener dificultades para encontrar trabajo y el 6 por ciento afirmó que la razón de su desplazamiento hacia Bogotá fueron las amenazas de muerte recibidas en sus anteriores lugares de residencia.

Bogotá está dividida en 20 localidades⁴⁷ (ver Figura 2) administradas por un Comité Administrativo Local elegido democráticamente y por un representante local nombrado por el alcalde de la ciudad. Este estudio utiliza el censo urbano como unidad de análisis. El censo 2005 identificó 664 sectores urbanos. De este total, 58 localidades fueron identificadas como áreas rurales ubicadas en los bordes de la ciudad y dos comunidades que no compartían límites con ningún otro barrio fueron descartadas del análisis. Adicionalmente, 35 unidades con poblaciones inferiores a 1.000 habitantes fueron sumadas a la comunidad colindante perteneciente a la misma unidad administrativa como una forma de evitar cifras abultadas que afectaran el resultado final del análisis⁴⁸. De esta manera el estudio contabilizó 569 comunidades.

Figura 2. División político administrativa de Bogotá

El principal limitante relacionado al uso de barrios oficiales es el hecho de que la definición de sus límites no refleja los mapas cognitivos de sus residentes. De hecho, los barrios oficiales podrían ser un conjunto de múltiples áreas informalmente definidas como comunidad por residentes y visitantes. Sin embargo, Haining propone que las regiones administrativas son ideales para realizar un análisis espacial porque “entregan un marco que permite recolectar datos, proveer servicios y distribuir fondos públicos”⁴⁹. El uso de barrios oficiales como unidad de análisis es la apropiada para este estudio ya que se enfoca en el efecto ejercido por la disponibilidad de servicios públicos sobre las tasas de homicidios.

Existen diferencias entre los barrios respecto a la mayoría de las variables socio-estructurales resumidas en este trabajo, principalmente aquellas relacionadas a temas de desventaja. Si bien se han identificado variables internas tales como patrones espaciales, las comunidades ubicadas en el noreste de la ciudad poseen más recursos que aquellas comunidades ubicadas en la zona sur de la ciudad. En términos generales, los barrios con más recursos se ubican en Usaquen y Chapinero y las comunidades más desposeídas están localizadas en San Cristóbal, Rafael Uribe, Trunjuelito, Ciudad Bolívar y Kennedy. Las áreas restantes están habitadas por personas de ingresos bajos y medios; también existen comunidades exclusivas ubicadas en Suba, Barrios Unidos y Teusaquillo. Las características de la muestra pueden ser observadas en la Tabla 1. Las características de la muestra se presentan como variables brutas antes de su transformación y reducción.

Datos y métodos

Variable dependiente

La variable resultante de este estudio es la tasa acumulativa de homicidios por cada 10.000 habitantes entre los años 2003 y 2005⁵⁰. Para crear este indicador se contabilizaron los homicidios ocurridos entre los años 2003, 2004 y 2005 y se dividió por el promedio del tamaño de la población registrado durante este período⁵¹ y luego se multiplicó por 10.000. Debido a que los homicidios son considerados eventos que ocurren con poca frecuencia, se optó por utilizar un enfoque acumulativo en vez de un enfoque ponderado ya que permite al investigador “reducir errores de medición, así como el problema de volatilidad en el conteo de homicidios registrados en los distintos años estudiados”⁵².

Un problema relacionado al uso de índices basados en el tamaño de la población es el supuesto de que el riesgo subyacente se localiza dentro de una población ubicada en una comunidad determinada. Sin embargo, ni las víctimas ni los delincuentes necesitan vivir en el área específica donde ocurre el crimen. Algunos investigadores sugieren utilizar densidades como un método más eficaz para estandarizar datos sobre crímenes⁵³. No obstante, se justifica el uso de tasas de población en este estudio debido a su naturaleza exploratoria y al hecho de que la mayoría de los estudios centrados en homicidios se basan en este tipo de indicadores. De esta forma, es importante utilizar un proceso de estandarización que permita comparar estudios realizados en otras latitudes. Asimismo, las tasas de homicidios muestran patrones espaciales de concentración y difusión que aparentemente las hacen más compatibles con el enfoque ecológico⁵⁴.

Las tasas de homicidios son parte de una serie mayor de datos obtenidos por el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (CEDE) de la Universidad de los Andes, Bogotá. Mediante el uso de información sobre fallecimientos almacenada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) en formato físico (1977-1995) y digital (1996-2005), el CEDE creó un conjunto de datos de todos los homicidios que ocurrieron en Bogotá durante el período 1977-2005. Estos datos contienen información sobre las características de las víctimas y las circunstancias del crimen. Además, se geocodificó la información obtenida en coordenadas X e Y de acuerdo a la dirección donde tuvo lugar el homicidio (o el lugar donde se halló el cuerpo). Estos datos se proyectaron en un mapa de Bogotá utilizando el software GIS ArcMap© con el fin de contabilizar los homicidios a nivel de comunidad para luego unir las distintas áreas analizadas y así generar cálculos de agregación. También se utilizó un proceso de tabulación para unir mapas, conteos de homicidios y datos entregados por el censo.

Las muertes provocadas por dos coches bomba detonados por las FARC en 2003 (Club El Nogal, el 27 de febrero de 2003, 35 muertos y el área comercial de San Andresito, el 8 de octubre de 2003, 8 muertos) fueron excluidas del análisis para evitar el modelado espacial de las tasas de homicidios. El ataque ocurrido en el Club El Nogal hubiese aumentado considerablemente la tasa de homicidios en el barrio de Rosales, el cual no registra crímenes dentro del período analizado.

El promedio acumulativo a nivel de barrio es de 10,82 homicidios cada 10.000 habitantes⁵⁵. Esta variable se normalizó mediante el uso de transformación logarítmica para así reducir el sesgo observado en estudios preliminares.

Tabla 1. Características de la muestra*

* Las características de la muestra se presentan como variables brutas antes de su transformación y reducción.

Variables independientes

Concentración de desventajas y aislamiento social: Concentración de desventajas ha sido medida gracias a la combinación de indicadores de escasez económica, disrupción familiar y heterogeneidad racial⁵⁶. Este estudio crea un índice análogo al que se utiliza normalmente en los Estados Unidos al combinar una serie de variables entregadas por el censo 2005. Para este efecto se aplicó el proceso de análisis factorial (78,38 por ciento de variación luego de una rotación varimax), este ejercicio arrojó dos factores⁵⁷. Los factores de concentración de desventajas y aislamiento social tienen relaciones positivas con porcentaje de población que experimentó hambre durante más de un día debido a la falta de dinero, porcentaje de la población de 15 años o mayor que son analfabetas y porcentaje de hogares con hijos liderados por mujeres solteras y relaciones negativas con hogares que cuentan con servicio telefónico (un ejemplo de aislamiento social).

Movilidad residencial: La asociación entre movilidad residencial y tasas de homicidios es tan común dentro de esta área de estudio que los modelos que no toman en cuenta este concepto “no solamente tendrán un nivel limitado de poder teórico, sino que también tendrán un marco interpretativo alejado de las dinámicas propias de las áreas urbanas⁵⁸. Este estudio, a través de datos entregados por el censo 2005, utiliza la medida común de movilidad residencial indicando el porcentaje de personas de cinco o más años de edad que cambiaron de residencia dentro de los últimos cinco años (media=31,89)

Desorden social: Skogan sostiene que el desorden social se debe a la presencia de elementos sociales disruptivos tales como adolescentes conflictivos, consumo de alcohol en la vía pública, apuestas y consumo de drogas⁵⁹. Se recomiendan las observaciones en terreno como el método más confiable para recopilar información sobre desorden social⁶⁰. Este trabajo, en vista de la ausencia de una observación indirecta, utiliza dos indicadores obtenidos del censo 2005: el índice de puntos de venta de alcohol por cada 10.000 habitantes (media=13,75) y el índice de lugares que ofrecen juegos de video, juegos de azar y apuestas por cada 10.000 habitantes (media=8,18). Estos índices fueron normalizados utilizando transformación logarítmica para evitar resultados sesgados.

Control público: algunos de los elementos propuestos para medir el control público son la percepción y satisfacción de los residentes con respecto a la participación del gobierno local dentro de una comunidad⁶¹; la voluntad de los residentes para cooperar con la policía y la existencia de asociaciones policía-comunidad⁶²; el gasto local público per cápita⁶³; la conexión entre residentes y entidades públicas⁶⁴ y la disponibilidad de servicios generales tales como parques y plazas, programas de protección vecinal, servicios de salud mental, programas post escolares, entre otros⁶⁵.

Este estudio propone medir el nivel de control público a través de indicadores derivados de los dos tipos de servicios públicos sugeridos por Bursik y Grasmick. El primero de estos índices, el análisis factorial, arrojó un segundo factor que muestra una asociación positiva con los porcentajes de hogares que cuentan con servicio eléctrico y sistema de alcantarillado. Si bien el uso de factores de variación doble es problemático y debería ser interpretado con cautela, el índice de servicios básicos continúa siendo un indicador de control público.

El segundo tipo de control público hace referencia a un indicador dicotómico sobre la presencia de comisarías de policía, Comandos de Atención Inmediata (CAI)⁶⁶ (en 2005, el 20,9 por ciento de las comunidades analizadas disponían de una comisaría de policía o un CAI) y de agencias de resolución de conflictos (Inspección de Policía, Personería, Comisaría de Familia y Unidad de Mediación y Conciliación) cuya función es ayudar a resolver conflictos privados fuera de tribunales penales (en 2005, el 7,4 por ciento de las comunidades estudiadas contaba con alguna de estas unidades). Los datos relativos a la presencia policial fueron recopilados desde el sitio web del Departamento de Policía Metropolitana de Bogotá y la información sobre la existencia de agencias de resolución de conflictos se obtuvo desde la alcaldía y desde el sitio web de la misma.

Variables de control

Estructura y composición de la población: la literatura especializada sugiere que las tasas de delincuencia están positivamente relacionadas con la densidad de población y con la proporción de jóvenes de sexo masculino. El presente trabajo utiliza información obtenida del censo para registrar la densidad poblacional por metro cuadrado (media=30,181) y el porcentaje de hombres entre 15 y 29 años (media=13,37). El cálculo de densidad poblacional fue normalizado mediante la transformación de raíz cuadrada para evitar resultados sesgados.

Desplazamientos forzados: se calcula que entre 3,3 y 4,9 millones de personas se han visto forzadas a desplazarse debido a los conflictos internos desde 1985⁶⁷. La mayoría de los desplazados provienen de áreas rurales o pueblos pequeños y se instalan en las grandes ciudades, incluyendo Bogotá. De acuerdo a los planteamientos sobre los efectos que la heterogeneidad puede tener en la organización y el control social, la llegada de estas personas a nuevos y complejos ecosistemas urbanos puede desestabilizar a las comunidades que los albergan. Después de haber estado expuestos a la violencia, los desplazados podrían (1) alterarse por temor a experimentar nuevamente este tipo de episodios o (2) ser más tolerantes respecto al uso de la violencia para solucionar conflictos interpersonales. También es posible que el estigma de ser desplazado los convierta en blancos fáciles de agresiones.

Gracias a los datos entregados por el censo 2005 fue posible crear un índice de desplazamiento forzado; este indicador calcula el porcentaje de individuos que, debido a las amenazas recibidas en sus lugares de origen durante los últimos cinco años, se vieron obligados a cambiar de residencia. Este índice no solo está limitado a personas provenientes de fuera de Bogotá, sino que también incluye a individuos que se han desplazado dentro de la ciudad (media=0,64). Al igual que en el caso anterior, el cálculo de esta variable fue normalizado mediante la transformación de raíz cuadrada para evitar resultados sesgados.

Estructuras criminales y crimen organizado: entre los años 2003 y 2004, el grupo de investigación del CEDE, liderado por Llorente y Escobedo, realizó entrevistas a los comandantes (o en su defecto a sus respectivos delegados) de las 19 comisarías de policía en Bogotá para evaluar la presencia de estructuras criminales y crimen organizado a nivel comunitario. Durante estas entrevistas, los investigadores mostraron a los oficiales de policía una lista de barrios pertenecientes a su jurisdicción y se les pidió identificar a los grupos criminales que operaban en estos lugares; el resultado fue: pandillas (37,2 por ciento), milicias de las FARC (5,6 por ciento), grupos paramilitares (16,7 por ciento), oficinas de sicarios (25,1 por ciento), limpieza social (5,6 por ciento), grupos de tráfico de armas (19,3 por ciento) y grupos de distribución de drogas (72,8 por ciento). Estos datos se codificaron como 1 para indicar la presencia o 0 para mostrar la ausencia de estos grupos dentro de una comunidad. Las oficinas de sicarios y limpieza social fueron incluidas dentro de un índice de grupos de asesinatos selectivos (26,1 por ciento). El resto de las variables incluidas en el análisis no fueron combinadas con el propósito de evaluar los efectos que los distintos tipos de estructuras criminales tienen sobre las tasas de homicidios a nivel de barrio.

Análisis de datos

Se observa que las tasas de homicidios en los Estados Unidos muestran patrones de dependencia espacial o autocorrelación⁶⁸. Según Messner et al., estos patrones se generan por la denominada “transmisión contagiosa”, un proceso que utiliza redes sociales y flujos de comunicación para esparcir información sobre episodios de violencia en un barrio determinado o en sus alrededores. De esta manera, se produce una incitación a la violencia en comunidades aledañas en patrones geográficos no aleatorios⁶⁹.

Este trabajo utiliza técnicas de Análisis Exploratorio de Datos Espaciales (AEDE) para analizar la distribución espacial de homicidios en Bogotá y determinar la existencia de patrones de dependencia espacial y heterogeneidad espacial; asimismo, se utilizan técnicas de Análisis de Regresión Espacial (ARE) para explorar los efectos de la desorganización social y control público sobre las tasas de homicidios, monitoreando así una potencial dependencia espacial.

El Análisis Exploratorio de Datos Espaciales es una combinación de técnicas gráficas y estadísticas que permiten visualizar y describir distribuciones espaciales y detectar patrones espaciales, clusters espaciales y localizaciones atípicas⁷⁰. Estas técnicas incluyen estadísticas locales y globales de correlación espacial como el coeficiente I de Moran e Indicadores Locales de Asociación Espacial (ILAE) y métodos de visualización como el diagrama de dispersión de Moran y mapas de ILAE. Estos métodos toman en cuenta el ordenamiento espacial de las unidades a analizar mediante la inclusión de una matriz de ponderaciones espaciales. Debido a que la diferencia entre las áreas de los distintos barrios descarta el uso de matrices de distancia y porque el fenómeno estudiado trasciende las fronteras geográficas, se considera que una matriz de contigüidad de tipo reina (donde las comunidades son determinadas por límites compartidos y vértices) es el método más indicado para realizar la distribución espacial de barrios en Bogotá.

Además, se sabe que los Estimadores Mínimo-Cuadráticos (EMC) no son los apropiados para analizar áreas o datos reticulares porque los datos espaciales violan el supuesto de homogeneidad de variaciones y la independencia de la información residual. En este sentido, los EMC arrojan coeficientes de regresión sesgados, incoherentes e ineficientes debido a que los errores son sobrestimados en el caso de valores positivos y despreciados en el caso de valores negativos, sesgando pruebas de importancia y descartando la hipótesis nula. Adicionalmente, las cifras arrojadas por la utilización de raíz cuadrada son exageradas, generando suposiciones erróneas⁷¹.

El Análisis de Regresión Espacial presta especial atención a la ubicación y disposición de unidades geográficas al incluir una matriz de ponderaciones espaciales que refleja los procesos geográficos esperados. Se recomienda el uso de un modelo de rezago espacial en casos donde el análisis muestra la existencia de un patrón de dependencia espacial (los valores de y en la ubicación i están influenciados por los valores de y en los barrios ubicados en i) y el efecto registrado es mayor que otros predictores específicos de i⁷². La dependencia espacial se incluye dentro del modelo de rezago espacial como una covariante específica, “un denominado rezago espacial o media ponderada de la variante dependiente en ubicaciones aledañas”⁷³. Se utilizó el software de código abierto GeoDaTM, desarrollado por Luc Anselin para realizar todos los análisis.

Resultados

Análisis Exploratorio de Datos Espaciales

El primer paso del proceso ESDA es evaluar la hipótesis nula de aleatoriedad espacial al confirmar la presencia de autocorrelación espacial. El coeficiente I de Moran es el más utilizado para calcular la dependencia espacial. Las estimaciones e inferencias en el análisis de datos espaciales deben basarse en permutaciones aleatorias que reorganicen los valores observados para así calcular la distribución espacial real. Este ejercicio produce una distribución de posibles combinaciones de valores. El coeficiente observado, en este caso el coeficiente Moran, es comparado con la distribución referencial para determinar la probabilidad de que provenga de una distribución aleatoria⁷⁴. Este proceso genera niveles de pseudo-importancia basados en el número de permutaciones realizadas.

La Tabla 2 muestra evidencia de dependencia espacial en la variable dependiente y en los predictores principales, donde la desventaja y aislamiento social y las tasas de homicidios presentan las autocorrelaciones espaciales más fuertes.

Tabla 2. Coeficiente global I de Moran*

* Pseudo-importancia empírica basada en 999 permutaciones aleatorias.
** Pseudo-p<0,001.

Si bien el coeficiente I de Moran ayuda a determinar si existen patrones generales de dependencia espacial en toda la región analizada, no es de gran utilidad al identificar la fuente específica de autocorrelación cuando existe heterogeneidad en dependencias espaciales. Indicadores Locales de Asociación Espacial (ILAE) o el coeficiente Moran desglosa el índice global de correlación al calcular los indicadores de asociación espacial entre cada una de las unidades y el promedio de sus áreas colindantes⁷⁵. Autocorrelaciones locales pueden ser visualmente evaluadas mediante el uso de mapas de Indicadores Locales de Asociación Espacial, los cuales colorean aquellas áreas que muestren este tipo de autocorrelación⁷⁶. De hecho, conjuntos de correlaciones de alto nivel (áreas con valores por sobre el promedio rodeadas por comunidades con valores por sobre el promedio) están determinadas por el color rojo, correlaciones de bajo nivel (áreas con valores inferiores al promedio rodeadas por comunidades con valores inferiores al promedio) son identificadas con el color azul, mientras que correlaciones de nivel bajo-alto (unidades con valores inferiores al promedio rodeadas por comunidades con valores sobre el promedio) son representadas en celeste y correlaciones de nivel alto-bajo (áreas con valores sobre el promedio rodeadas por comunidades con valores inferiores al promedio) están determinadas por el color rosado⁷⁷.

La Figura 3 muestra mapas de Indicadores Locales de Asociación Espacial con las variables finales y los principales predictores. Estos mapas evidencian relaciones espaciales dentro de la región de estudio en cada una de las variables. Por ejemplo, el Mapa (A) muestra cuatro grandes conjuntos donde unidades con altas tasas de homicidios limitan con comunidades que también presentan altos índices de homicidios. Estos conjuntos están ubicados en el centro (Mártires, Santa Fe y La Candelaria), sur (Rafael Uribe y Ciudad Bolívar) y suroeste (Kennedy) de Bogotá. Adicionalmente, el mapa de Indicadores Locales de Asociación Espacial muestra comunidades con bajos índices de homicidios rodeadas por barrios con similares características en el norte (Usaquén, Suba, Chapinero y Teusaquillo), noroeste (Engativa) y sur (entre Bosa y Tunjuelito) de la ciudad.

Figura 3. Mapas de Indicadores Locales de Asociación Espacial

El área central de Bogotá posee los más altos índices LISA y se concluye que las comunidades de San Bernardo, San Victorino, Veracruz, La Capuchina y Santa Inés, anteriormente conocida como Calle del Cartucho, han sido completamente controladas, desde los años ’90, por traficantes de drogas, vagabundos, prostitutas y traficantes de armas. Esta zona es considerada como la más peligrosa de la ciudad y ni siquiera la policía ingresa a ella. El alcalde Peñalosa, en un intento por reducir la violencia en el área central de Bogotá, lugar donde se concentra la mayor parte de las instituciones gubernamentales y culturales, demolió parte del lugar y construyó el parque Tercer Milenio, inaugurado el año 2000. Llama la atención el hecho de que la violencia se mantuvo en este lugar durante el período 2003-2005. Las principales críticas hacia el proyecto de Peñalosa radican en que no se consideró la reubicación estratégica de los miles de vagabundos que se apoderaron de este sitio. Así, el problema se trasladó hacia otras áreas como por ejemplo El Bronx, lugar que se supone provee gran parte de las drogas consumidas en la ciudad.

Adicionalmente, la distribución espacial de concentración de desventajas y aislamiento social presentada en la Figura 3 sugiere una clara división de la ciudad en clases sociales, donde las comunidades ubicadas al norte como Usaquen, Chapinero y Teusaquillo muestran bajos o ningún índice de desventaja y las localidades de Santa Fe, San Cristóbal, Usme, Ciudad Bolívar y Bosa, ubicadas al sur, presentan los peores índices de desventaja. En el resto de las comunidades se observa una distribución mixta. Pareciera ser que existe un solapamiento entre las tasas de homicidios, la desventaja y el aislamiento, especialmente en las localidades ubicadas en el centro y sur de la ciudad. De hecho, una revisión de la correlación bivariable entre el rezago espacial de las tasas de homicidio y concentración de desventajas y aislamiento social muestra una asociación positiva de importancia (ver Tabla 3).

La distribución espacial de la movilidad residencial en Bogotá (ver mapa (C) en figura 3) es contraria a las expectativas de desorganización social. Aparentemente, aquellas áreas de la ciudad que presentan altos niveles de desventaja también poseen los más bajos índices de movilidad residencial. Es posible que en Bogotá las personas no puedan desprenderse de la desventaja. No es raro ver a personas de ingresos medios y altos desplazarse dentro o hacia nuevas comunidades. Por otra parte, las personas de bajos recursos no cuentan con los medios para mejorar su situación y terminan atrapados, incluso de por vida, en la misma residencia. En esta línea, la bivariable de correlación espacial entre el rezago espacial de desventaja/aislamiento y movilidad residencial es considerada importante y negativa a la vez, sugiriendo que altos niveles de desventaja/aislamiento implican bajos niveles de movilidad (I=-0,22, pseudo-p<.001). Sin embargo, la bivariable de asociación espacial entre tasas de homicidios y movilidad residencial no resulta importante (ver Tabla 3).

Los índices sobre la presencia de puntos de venta de alcohol y apuestas aparecen en las localidades de Mártires, Santa Fe, La Candelaria y Chapinero (ver mapas (D) y (E), Figura 3). Es posible que la presencia de universidades en Chapinero y Santa Fe incremente las tasas en este lugar; también existe un solapamiento en la distribución de desventaja (asociaciones bivariables del logaritmo especial de desventaja y aislamiento con alcohol y lugares de apuestas mostraron valores equivalentes I=0.16, pseudo-p<0,001) y tasas de homicidios (ver Tabla 3).

La Tabla 1 mostró que el porcentaje de hogares que disponen de electricidad y sistema de alcantarillado es bastante elevado. La mayoría de las comunidades parece tener un nivel medio y alto de cobertura de servicios básicos públicos; sin embargo, la distribución espacial muestra barrios ubicados en el área central (Mártires, Candelaria y Santa Fe) y las comunidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Fontibon y Kennedy como espacios con bajos índices de servicios básicos cubiertos (ver Mapa (F), Figura 3). La asociación bivariable entre el rezago espacial de tasas de homicidios y el índice de control público sobre servicios básicos públicos es débil pero importante y se encuentra en la dirección correcta: mientras más alto es el índice de cobertura de servicios básicos, más baja es la tasa de homicidios (ver Tabla 3).

Tabla 3. Relación de la bivariable del coeficiente I de Moran entre el rezago espacial de homicidios y predictores

* Pseudo-importancia empírica basada en 999 permutaciones aleatorias.
** Pseudo-p<0,001.

Análisis de regresión espacial

Estas estadísticas y herramientas visuales confirman que existe dependencia espacial. De esta manera, se utiliza un modelo de rezago espacial para calcular el efecto de la desorganización social sobre tasas de homicidios.

La Tabla 4 muestra los resultados de los Estimadores Mínimo-Cuadráticos y modelos de rezago espacial donde se predicen los índices de homicidios en Bogotá mediante el uso de desorganización social e indicadores de control público, el monitoreo de la estructura y composición de la población y la presencia de variables propias del contexto colombiano. Modelos presentados en la Tabla 4 y diagnósticos residuales mostrados en la Figura 4 confirman la idoneidad del uso de un modelo de rezago espacial. Al monitorear la autocorrelación espacial (1) aumenta la variable; (2) mejora el ajuste del modelo; (3) los coeficientes se muestran más conservadores y (4) cambia el nivel de importancia de algunas variables. Particularmente, el porcentaje de jóvenes de sexo masculino no es gravitante dentro del modelo de Estimadores Mínimo-Cuadráticos pero adquiere notoriedad al alcanzar el nivel .05 en el modelo de rezago espacial.

Tabla 4. Estimadores mínimo cuadráticos y modelos de rezago espacial de acuerdo a tasas de homicidios (2003-2005)

***p<0,001; **p<0,01; *p<0,05; †p<0,1

La Figura 4 (A) muestra correlación entre residuales y heteroscedasticidad dentro del modelo de Estimadores Mínimo Cuadráticos, asimismo, muestra que los predictores no logran explicar las relaciones espaciales en Santa Fe, Mártires, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, Kennedy y Barrios Unidos. Los residuales del modelo de rezago espacial aún presenta heteroscedasticidad (Figura 4(B)), si bien este problema puede ser matizado, no está correlacionado y el uso del modelo de rezago espacial aplica para la mayoría de los clusters espaciales.

Figura 4. Modelo de diagnóstico

El modelo de rezago espacial utiliza una matriz de contigüidad de tipo reina y explica el 46 por ciento de variación en las tasas de homicidios. El coeficiente de rezago espacial asociado a tasas de homicidios (rho) es un considerable aporte al modelo, destacando la importancia de la proximidad espacial al comprender la relación existente entre homicidios y desorganización social. Todas las variables de desorganización social, salvo la movilidad residencial, predicen positiva y considerablemente las cifras de homicidios. Más aun, los tres niveles de control público adquieren gran importancia. El indicador de servicios básicos de control público funciona como se esperaba al predecir bajas tasas de homicidios a medida que aumenta la cobertura de servicios públicos. Por otra parte, la policía y agencias de resolución de conflictos operan en la dirección opuesta a la esperada, mostrando una predicción positiva en las tasas de homicidios. Una explicación a esta relación puede ser que los recursos destinados a estas unidades son distribuidos en forma reactiva y no proactiva. Esto quiere decir que tanto las entidades públicas como los residentes buscan garantizar la inversión de recursos en las áreas que presenten los mayores índices de delincuencia. Este puede ser el caso de los Comandos de Acción Inmediata (CAI), ya que se consideran más urgentes en este tipo de áreas.

El porcentaje de jóvenes de sexo masculino y la densidad de población están sorpresivamente relacionados en forma negativa a las tasas de homicidios. Es posible que en áreas con baja densidad poblacional existan pocos individuos con la habilidad necesaria para ejercer control social informal, generando así oportunidades para los delincuentes, quienes ven en estas áreas lugares idóneos para ejercer violencia y deshacerse de víctimas. Si bien el efecto que tiene es de menor tamaño, la conclusión sobre el porcentaje de jóvenes de sexo masculino resulta intrigante. Algunos investigadores sostienen que la inclusión de características de población como covariables en modelos de predicción de crímenes puede llevar a la confusión porque ni los delincuentes ni las víctimas necesitan ser residentes del lugar donde tuvo lugar el crimen⁷⁸. De este modo, es posible que el porcentaje de jóvenes de sexo masculino no sea responsable del nivel de violencia dentro de una comunidad. De hecho, cuando la densidad de población es eliminada del modelo, el porcentaje de jóvenes de sexo masculino pierde su grado de importancia.

La presencia de grupos de asesinatos selectivos tiene un efecto positivo sobre la tasa de homicidios. Estos grupos trabajan bajo órdenes de carteles de drogas, grupos paramilitares e incluso ciudadanos que buscan venganza en contra de aquellos que no actúan de acuerdo a lo esperado. Estos grupos también actúan como agentes de control social ilegal cuando se deshacen de personas “indeseables” (vagabundos, prostitutas, drogadictos, homosexuales, pedófilos, delincuentes, activistas, etc).

Finalmente, si bien otro tipo de variables no resultó ser gravitante dentro de este análisis, la dirección de sus coeficientes es digna de ser mencionada, especialmente el caso de la presencia de pandillas, las FARC y la distribución de drogas. Se esperaba que estas variables produjeran coeficientes positivos, sin embargo, estos grupos arrojaron resultados negativos, sugiriendo tal vez que estos grupos sean considerados como agentes de control social, ya que en este caso se trata de mantener la paz, en vez de eliminar adversarios, dentro de comunidades que toleran su presencia.

Discusión e implicaciones de políticas

El presente trabajo hace una importante contribución a la comprensión de la ecología del crimen al analizar las tasas de homicidios en un contexto urbano fuera de los Estados Unidos. Primero, este estudio entrega evidencia a favor de la generalización de teorías ecológicas del crimen dentro del contexto latinoamericano. El hecho de que la mayoría de las medidas para combatir la desorganización social tenga un efecto que trasciende estructuras criminales, crimen organizado y conflictos, debería destacar que la desventaja y el aislamiento son socialmente más perjudiciales que la mera presencia de estructuras criminales. Tal como se discutió anteriormente, la concentración de desventajas y aislamiento social minimizan las oportunidades de progreso, rompiendo los vínculos con la sociedad y afectando la transmisión generacional de valores. Familias y otras instituciones sociales ven cómo se reduce su habilidad de regular la conducta de niños debido a la constante demanda de proveer bienestar con los pocos recursos sociales y económicos disponibles. Bajo estas condiciones, los residentes de barrios desfavorecidos recurren a soluciones alternativas para combatir el problema, algunas de estas medidas incluyen el involucramiento en actividades ilegales. Además, la naturaleza ilegal de estos actos implica que aquellas personas que participan en este tipo de ilícitos deben competir entre ellos para tener el control de áreas y mercados. Esta competición generalmente viene de la mano de amenazas y violencia, convirtiéndose en una actividad estable dentro de estos sistemas.

El trabajo de Kubrin y Weitzer muestra que las “comunidades que presentan altos niveles concentración de desventajas están especialmente propensas a sufrir un gran número de muertes provocadas por ajuste de cuentas”⁷⁹. Los efectos negativos de la concentración de desventajas podrían expandirse a otras áreas, incrementando las cifras de homicidios independientemente de su condición socio-estructural”⁸⁰. En resumen, el más nocivo subproducto de los concentrados niveles de desventaja económica, social y cultural en las áreas urbanas es la pérdida de los valores culturales⁸¹ que protegen a la comunidad del avance de actitudes incorrectas y violencia.

La administración de la ciudad de Bogotá y el gobierno deberían hacer un mayor esfuerzo en reducir la desigualdad al (1) entregar educación gratuita a todos los niños y ofreciendo programas de alfabetización para adultos; (2) expandir el criterio de selección de programas como el SISBEN mediante el incremento de la banda más baja de sueldo mínimo requerido para calificar como “bajo la línea de la pobreza” y así acceder a la asistencia pública; (3) aumentar los programas ofrecidos por la Secretaría de Integración Social, especialmente aquellos que tratan a niños y jóvenes en riesgo social, políticas de alimentación y estabilidad familiar para garantizar que los planes están llegando al segmento poblacional esperado y (4) incrementar la cobertura de servicios básicos públicos al cien por ciento de la población. Aquellas políticas que combaten el deterioro urbano enfocándose solamente en la recuperación física de los barrios, en vez de mejorar las condiciones de los residentes de estas comunidades, están simplemente desplazando la violencia hacia otras comunidades, tal como en el caso de la Calle del Cartucho y del Parque Tercer Milenio.

Los resultados de este estudio contradicen algunas de las conclusiones de investigaciones previas. Una pequeña cantidad de estudios sobre violencia llevados a cabo en Colombia han concluido que la presencia de grupos armados y mercados ilegales son los responsables de la variación en las tasas de homicidios; en este caso, factores como pobreza y desigualdad tienen poca influencia en este índice⁸². Uno de estos estudios utilizó un modelo de rezago espacial, midiendo de esta manera los efectos de la dependencia espacial. Posiblemente, las falencias de estos estudios radican en la forma en que fueron empleados los coeficientes GINI y de necesidades no satisfechas. La medida de concentración de desventajas y aislamiento social propuesta en esta investigación puede ser una reflexión más realista de la pobreza, principalmente porque incluye la sensación de hambre y la falta de servicio telefónico. Estos elementos, en combinación con disrupción familiar y analfabetismo, pueden ilustrar una imagen real del concepto de desventaja. Así, el segundo aporte de este estudio se relaciona con la validez de las medidas de desorganización, en especial porque están relacionadas con la violencia en países en vías de desarrollo.

La tercera contribución está conectada con el test empírico del nivel de control público, una unidad que ha sido poco estudiada. Esta investigación sugiere que la disponibilidad de servicios básicos públicos y la presencia de agencias de control social pueden entregar medidas de control público. Si bien el índice de servicios públicos debe ser interpretado con cautela (cuenta solo con dos variables) se trata de un método que arroja similares resultados a los de medidas más sofisticadas como las utilizadas por Sánchez et al. a nivel local⁸³. En 2004 se crearon nuevas unidades administrativas conocidas como Unidades de Planeación Zonal (UPZ). Estas zonas son pequeños conjuntos que comparten características demográficas y socio-estructurales similares, que canalizan recursos hacia las comunidades. Información recolectada a este nivel puede entregar una mejor comprensión sobre el nivel de control público; en este sentido, los entes encargados de la administración de la ciudad pueden consultar información sobre recursos recolectados por las UPZ para así evaluar la efectividad de programas sociales.

Finalmente, la asociación positiva entre la presencia de agencias de control social y tasas de homicidios puede ser interpretada como un ejercicio de control público. Investigaciones llevadas a cabo en los Estados Unidos muestran que, incluso cuando la relación policía-comunidad es adversa, la intervención policial es considerada como la mejor manera para combatir la delincuencia. Es posible que la presencia de estas agencias sea parcialmente explicada por el ejercicio de control público en lugares donde la comunidad y las autoridades acuerdan la instalación de estas unidades. En 2007, la Policía Metropolitana de Bogotá lanzó un programa CAI móvil para mejorar la respuesta policial frente a la delincuencia. Estas unidades son reubicadas regularmente de acuerdo a la distribución espacial de la delincuencia. Estos cuerpos demostraron ser efectivos no solo en términos de prevenir y reaccionar frente a hechos criminales, sino que también probaron mejorar la relación entre la policía y los ciudadanos debido a que están equipados para responder a llamados de menor envergadura. La efectividad de estos programas CAI debe ser rigurosamente evaluada para determinar si los recursos que reciben están apropiadamente distribuidos.

Limitaciones y futuras investigaciones

Este estudio enfrenta una serie de limitaciones. La primera está relacionada con el cálculo de agregación, también conocido como falacia ecológica, derivado del modelo ecológico; esto se debe a que los efectos de los atributos de los residentes no son controlados por este modelo. Futuros análisis deberían considerar un enfoque espacialmente rezagado de naturaleza multinivel. La segunda limitación es la naturaleza transversal de este estudio. Si bien se ha discutido que los homicidios y predictores tienden a estabilizarse de un año a otro, los cambios ocurren en el largo plazo. Por ejemplo, desde los años ’80 se han registrado dramáticos cambios en las tasas de homicidios en Bogotá (ver Figura 1). Sin embargo, un estudio longitudinal puede generar conclusiones más precisas sobre la naturaleza de los homicidios en esta ciudad. El tercer limitante hace referencia a que la validez de las medidas de control público resulta incierta en este estudio, de modo que futuras investigaciones podrían recopilar información más sofisticada en relación a la distribución de recursos y servicios a nivel de comunidad. Cuarto, este trabajo no incluye ninguna de las medidas directas de organización social, como por ejemplo la participación de organizaciones locales y asociaciones, las cuales se especula que analizan los efectos de la desventaja sobre el crimen. Futuros estudios deberían evaluar esa importante variable. Quinto, el análisis multivariado no considera el posible efecto de interacciones entre desventaja/aislamiento, control público y desorden social. Investigaciones sostienen que el desorden social y el control público pueden mediar el efecto de la desventaja socio-estructural sobre la delincuencia, de modo que una mejor especificación del modelo debería analizar estas interacciones. Finalmente, existe un debate sobre la mejor manera de estandarizar resultados y predictores (índices, densidad, total acumulativo) para llevar a cabo estudios sobre ecología criminal. La mayoría de las investigaciones utilizan tasas estandarizadas de población para crear sus medidores. No obstante, estudios sugieren que asumir que delincuentes y víctimas viven en la misma área donde ocurrió el crimen puede llevar a la confusión. Por ejemplo, la teoría del patrón delictivo sostiene que los delincuentes buscan o encuentran oportunidades a medida que viajan entre las áreas donde realizan la mayoría de sus actividades. Estas áreas incluyen sus lugares de residencia, sin embargo, sus acciones no están exclusivamente limitadas a estos espacios⁸⁴. Por consiguiente, algunos investigadores prefieren el uso de totales acumulativos⁸⁵ y otros optan por el uso de densidades⁸⁶ para estudiar la ecología del crimen. Futuros estudios podrían comparar estos tres enfoques y analizar si el mismo tipo de predictores está asociado a la ecología de homicidios.

En resumen, este estudio entrega evidencia que respalda la utilidad de teorías de desorganización social para comprender los crímenes violentos que ocurren en las ciudades de América Latina. Modelos similares podrían ser replicados en la región para confirmar si la evidencia recogida en Bogotá puede ser generalizada a otras áreas urbanas. Estos resultados sugieren implicaciones de política para reducir la desventaja e incrementar el nivel de control público como una estrategia para combatir la violencia en la región.

Notas

¹ Este estudio fue posible gracias a María Victoria Llorente (Fundación Ideas para la paz), Rodolfo Escobedo y el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico de la Universidad de Los Andes, Bogotá, quienes proporcionaron datos sobre homicidios y entrevistas.
³ Shaw & McKay, 2011 (1942).
⁴ Heitgerd & Bursik, 1987.
⁵ Bursik & Grasmick,1993a.
⁶ Cerdá, Morenoff, Duque y Buka, 2008.
⁷ Krivo, Peterson, Rizzo and Reynolds, 1998.
⁸ McGahey, 1986, p. 252.
⁹ Krivo et al., 1998.
¹⁰ Reiss, 1986.
¹¹ Tripplet, Gainey y Sun, 2003.
¹² Villareal & Silva, 2006.
¹³ Cerdá et al., 2008, p. 8.
¹⁴ Burgess, 1984 [1925].
¹⁵ Shaw y McKay, 2006 [1942].
¹⁶ Skogan, 1986.
¹⁷ Kasarda and Janowitz, 1974.
¹⁸ Sampson, 1991.
¹⁹ Taylor, 2001a.
²⁰ Ver Bursik, 1986; Bursik y Webb, 1982.
²¹ Kane, 2005.
²² Skogan 1990, 1999.
²³ Bursik y Grasmick, 1995.
²⁴ Taylor, 2001a.
²⁵ Snell, 2001.
²⁶ Banco Mundial, 1999.
²⁷ Sánchez y Núñez, 2007.
²⁸ Llorente, Escobedo, Echandia & Rubio, 2001.
²⁹ Estas localidades son las unidades administrativas de la ciudad. Existen más de 20 localidades en Bogotá.
³⁰ Sánchez, Espinosa, y Rivas, 2007.
³¹ Formisano, 2002.
³² Ver Gibson, Zhao, Lovrich y Gaffney, 2002; Sampson, 1991; Sampson, Morenoff y Earls, 1999.
³³ Ver Bellair, 1997; Carr, 2003; Lee y Bartkowski, 2004; Pattavina, Byrne y Garcia, 2006; Rosenfeld, Messner y Baumer, 2001; Rosenfeld, Baumer y Messner, 2007; Saegert, Winkel y Swartz, 2002; Saegert y Winkel, 2004; Sampson y Groves, 1989; Sampson, Raudenbush y Earls, 1997; Sampson y Raudenbush, 1999; Simons, Simons, Burt, Brody y Cutrona, 2005; Skogan, 1986; Snell, 2001; Taylor, 2001b; Velez, 2001.
³⁴ Ver Bursik, 1999; Kubrin y Weitzer, 2003a; Lee y Ousey, 2005; Sampson et al., 1997; Sampson, 2002; Stucky, 2003.
³⁵ Ver Belnar, Cerda, Roberts y Buska, 2008; Carr, 2003; Pattavina et al., 2006; Stucky, 2003; Taylor 2001a; Velez, 2001.
³⁶ Ver Velez, 2001
³⁷ Ver Lee y Ousey, 2005.
³⁸ Ver Carr, 2003; Pattavina, 2006; Warner, 2007.
³⁹ Bursik & Grasmick, 1995; Carr, Napolitano y Keating, 2007; MacDonald y Stokes, 2006.
⁴⁰ Bursik & Grasmick, 1995.
⁴¹ Browning, Feinberg y Dietz, 2004, p. 510.
⁴² Patillo, 1998, p. 748.
⁴³ Kubrin and Weitzer, 2003b.
⁴⁴ Patillo, 1998. See also Taylor 2001a.
⁴⁵ Arias, 2006, p. 303.
⁴⁶ Población de 15 años o más años de edad. Se excluyen estudiantes, dueñas de casa, jubilados, personas discapacitadas imposibilitadas de trabajar y personas que se encuentran en otro tipo de situaciones.
⁴⁷ Una localidad (Sumapaz) fue excluida del análisis debido a que es un área rural recientemente incorporada dentro de la estructura político-administrativa de la ciudad.
⁴⁸ Pare ver un enfoque similar, consultar Haining, 2003, y Kubrin & Weitzer, 2003b.
⁴⁹ Haining, 2003, p. 184.
⁵⁰ El tamaño promedio de la población de un barrio es de aproximadamente 12.000 personas, de esta manera, 10.000 parece ser un número razonable para estandarizar datos.
⁵¹ El tamaño de la población para los años 2003 y 2004 se estimó al crear un factor reductor del censo 2005 basado en el crecimiento de la población informado en los años analizados.
⁵² Mears y Bhati, 2006:251. Ver Baller et al., 2001; Blau and Blau, 1982; Messner et al., 2002; Rosenfeld et al., 2001.
⁵³ Pridemore & Grubesic, 2011.
⁵⁴ Ver Cohen y Tita, 1999; Fagan y Davis, 2004; Fagan, Wilkinson y Davies, 2007; Kubrin y Weitzer, 2003b; Mears y Bhati, 2006; Sampson, 2003.
⁵⁵ El promedio se incrementó debido a la sumatoria de los tres años.
⁵⁶ Ver Browning et al., 2004; Kubrin & Weitzer, 2003b; Sampson & Raudenbush, 1999.
⁵⁷ Resultados disponibles para consulta.
⁵⁸ Bursik, 1986, p. 59.
⁵⁹ Skogan, 1999.
⁶⁰ Ver Taylor, 2001a; Sampson y Raudensbush, 1999, 2001.
⁶¹ Velez, 2001.
⁶² Taylor, 2001a.
⁶³ Stucky, 2003.
⁶⁴ Carr, 2003.
⁶⁵ Belnar et al., 2008.
⁶⁶ Los CAI son unidades de policía que tienen jurisdicción sobre áreas más pequeñas en comparación con las comisarías y fueron creadas para entregar una rápida respuesta a los reclamos de la ciudadanía.
⁶⁷ Serralvo, 2011.
⁶⁸ Ver Baller et al. 2001; Cohen & Tita 1999; Kubrin & Weitzer 2003; Mears & Bhati 2006; Messner, Anselin, Baller, Hawkins, Deane & Tolnay, 1999.
⁶⁹ Messner et al., 1999.
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Fecha de recepción: 26.10.11
Fecha de aceptación: 23-03-12